Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial N° 1
Fecha fallo origen: 10 de abril de 2015
Fecha del hecho: 14 de junio de 1997
Órgano de Alzada: Cámara Civil y Comercial Sala I
Número de expediente de Cámara:115712
Fecha fallo de Cámara: 07 de julio de 2016

Abstract:

– En efecto, en primer lugar debe tenerse en cuenta que la falta de licencia para conducir no es una “mera infracción administrativa”, ya que implica lisa y llanamente que no se debe conducir ninguno de los vehículos respecto del cual el Código de Tránsito (ley 11.430 al momento del hecho) lo contempla como obligatorio. La razón de ser de la ley es obvia: se presume que sólo el que ha aprobado los exámenes psicofísicos, teóricos y prácticos sabe manejar por la vía pública (arts. 35 y 36). No contar con licencia implica una fuerte presunción de impericia (esta Sala, causas n° 111.513, “Rodríguez c. Gandolfo”, 11/12/07; 109.599, “Barigozzi c. Olivera”, 11/09/08, 114.877, “Corigliano c. Lorca” del 04/09/14).
– Quien carece de la licencia lisa y llanamente no debe hacerlo porque la autoridad de control no ha verificado que sepa manejar, que tenga aptitudes psicofísicas y que conozca las normas que regulan el tránsito, y por lo tanto se presume – sin admisión de prueba en contrario – que no sabe ni lo uno ni lo otro. Como ha dicho la Suprema Corte provincial reiteradamente, las normas reguladoras del tránsito no son letra muerte ni mero material de estudio (Ac. 46.852, 4/08/92; Ac. 47.959, 8/06/93; Ac. 48.959, 14/12/093; Ac. 51..862, 11/04/95, entre otras).
– Cierto es que existía una prohibición genérica de la ley de tránsito provincial (arts. 85 incs. 11.h) de estacionar camiones o acoplados excepto en lugares especialmente habilitados, pero considero que para que la infracción a esa prohibición pueda ser fuente de responsabilidad civil debe acreditarse que haya tenido relación de causalidad con el accidente. Es decir, que el vehículo mal estacionado de alguna manera se haya constituido en un obstáculo a la libre circulación vehícular. En el caso, y aún dejando de lado que no existía cartel alguno de prohibición de estacionar en el lugar (conforme inf. municipal de fs. 301) y que los testigos de fs. 431/433vta. (vecinos) declararon que siempre se estacionaban vehículos sobre la avenida, está claro que había lugar más que suficiente como para que pasara un automóvil por el costado, máxime cuando la zona estaba bien iluminada.


Sexo:
Edad: 0
Ocupación:
Porcentaje de resp. de la víctima: 0%

Porcentaje de incapacidad física: 0%
Porcentaje de incapacidad psíquica: 0%

Tipo de Intereses: Tasa pasiva más alta del BPBA en sus depósitos a 30 días desde fecha del hecho hasta efectivo pago.
Indemnización Monto
Valor vida $ 0
Incapacidad física $ 0
Incapacidad psíquica $ 0
Incapacidad psicofísica $ 0
Daño moral $ 0
Daño estético $ 0
Daños materiales $ 0
Tratamiento psicológico $ 0
Lucro cesante $ 0
Privación de uso $ 0
Pérdida de la chance $ 0
Gastos de asistencia $ 0
Gastos de traslado $ 0
Gastos funerarios $ 0
Gastos $ 0
Texto completo del Fallo:

Nro de Orden:

Libro: S-196

Juzgado de origen: Juzg Civ y Com N° 1

Expte: SI-115712

Juicio: CARRIZO FLORENCIA EVELYN Y OT C/ PAJON ROBERTO R. Y OTS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS

 

 

 

En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 7 días del mes de Julio de 2016, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y ROBERTO ANGEL BAGATTIN, con la presencia de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-115712 , en los autos: “CARRIZO FLORENCIA EVELYN Y OT C/ PAJON ROBERTO R. Y OTS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”.-

La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.-

1ª.) ¿Es justa la sentencia apelada?

2ª.) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio A. Ibarlucía y Roberto A. Bagattin.-

VOTACION

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:

I.- La sentencia de fs. 689/713 es apelada por el demandado Antonio Domingo Beriguentain, quien expresa agravios a fs. 741/47, y por la parte actora quien lo hace a fs. 748/66. La citada en garantía Mapfre Aconcagua Cía. de Seguros contesta los agravios de ambas partes a fs. 768/72.

II.- 1.- Ramón Antonio Carrizo y María Inés González, en nombre de su hijo menor Cristian Sebastián Carrizo; Eduardo Gastón Carrizo, Juan Ramón Carrizo, Marcelo Alberto Carrizo, y Nancy Alejandra Carabajal, por si y en nombre de sus hijas menores Florencia Evelin Carrizo y Débora Bárbara Ayelén Carrizo promovieron demanda contra Roberto Pajón, Norberto Rómulo Pajón, Norberto Massolo, Antonio Domingo Beguirestain y María Angélica Vélez por indemnización de daños y perjuicios a raíz del accidente ocurrido el día 14/06/97, en el cual fallecieran Adrián Carrizo y Ramiro Carrizo (hijos de los dos primeros), y sufrieran lesiones el actor Cristian Carrizo (hijo de los dos primeros). Pidieron la citación en garantía de Mapfre Aconcagua Cía. de Seguros S.A..

Dijeron que el día indicado Cristian, Martín, Adrián y Ramiro Carrizo, y Matías Baldivares fueron en el automóvil Ford Falcon de Norberto Pajón, conducido por Roberto Pajón a jugar al pool, y al volver por la Avda. 2 de Mercedes, en dirección Este a Oeste, a velocidad elevada, estando entre las calles 9 y 11, el vehículo comenzó a hacer un trompo en sentido horario y golpeó en forma oblicua con la parte lateral posterior de un camión con acoplado que se hallaba estacionado sobre la avenida; como consecuencia de ello se produjo un acoplamiento hasta ingresar el automóvil con su lateral trasero derecho debajo de la parte media del acoplado. Murieron Adrián y Ramiro Carrizo y Cristián Carrizo sufrió graves lesiones.

Expresaron que en sede penal se dictó auto de procesamiento de Roberto Pajón por doble homicidio culposo y lesiones culposas, y que, tal como fueron los hechos, podría imputársele dolo eventual. El padre del mismo, Norberto R. Pajón – según dijeron – era responsable del hecho en tanto titular del automóvil. En cuanto a Massolo, sostuvieron que su responsabilidad devenía de haber estacionado el camión en un lugar prohibido, Beriguirestain por ser dueño del camión y María Angélica por ser propietaria del acoplado.

Pidieron indemnización: a) Ramón Antonio Carrizo y María Inés González por daño moral por la muerte de sus dos hijos; b) Cristian Sebastián, Eduardo Gastón, Juan Ramón y Marcelo Carrizo por daño moral por la muerte de sus dos hermanos; c) Cristian Sebastián Carrizo por incapacidad sobreviniente y daño moral; d) Nancy Carabajal por “valor vida” y daño moral por la muerte de su concubino Jorge Adrián Carrizo; y e) Florencia y Débora Carrizo por “valor vida” y daño moral por la muerte de su padre Jorge Adrián Carrizo.

2.- Norberto Pedro Massolo contestó la demanda pidiendo su rechazo. Dijo que a las 19.30 hs. del día del hecho dejó estacionado el camión-jaula en la Avda. 2, entre 9 y 11, junto al cordón de la vereda, debajo de una columna de luz que se hallaba a la altura de la parte tractora del chassis y donde comenzaba la jaula, y por delante de unos 5 m. de luminaria. Expresó que en ese lugar estaba permitido estacionar las 24 hs. por la Municipalidad, no había ningún cartel indicador en contrario y la calzada era lo suficientemente ancha como para que pasaran uno o dos vehículos. Acompañó fotografías del camión estacionado tomadas el mismo día del hecho y adujo que la responsabilidad exclusiva del hecho se debió al conductor del Falcon, conforme la pericia accidentológica hecha en la causa penal. Impugnó los rubros indemnizatorios reclamados.

3.- Antonio Domingo Beguirestain, dueño del camión, contestó en similares términos.

4.- La actora negó la autenticidad de las copias aportadas por el demandado Massolo.

5.- Mapfre Aconcagua Compañía de Seguros S.A. contestó la citación en garantía. Reconoció la póliza que amparaba al Ford Falcon pero opuso excepción de falta de legitimación pasiva fundada en que, en el caso, mediaba exclusión de cobertura dado que el conductor del automóvil en el momento del hecho no tenía licencia para conducir. Dijo que se intimó al tomador de la póliza a acreditar que tenía licencia y que no contestó.

En subsidio contestó la demanda pidiendo su rechazo porque la responabilidad exclusiva del accidente había sido del conductor del Falcon. Cuestionó los rubros indemnizatorios reclamados. En particular dijo que el art. 1078 del C.C. no legitimaba a los hermanos a reclamar indemnización por daño moral por la muerte de hermanos, como tampoco a la concubina.

6.- María Angélica Vélez, dueña del acoplado, contestó la demanda en similares términos a los del demandado Massolo.

7.- Roberto Rómulo Pajón y Norberto Rómulo Pajón contestaron la demanda, pidiendo su rechazo. Dijeron que los hermanos Carrizo eran transportados benévolamente y que, según surge de las declaraciones de la causa penal, se habían dormido cuando ocurrió el hecho. Cuestionaron los rubros indemnizatorios pedidos, y en particular dijeron que el art. 1078 del C.C. no brindaba legitimación para reclamar indemnización por la muerte de hermanos ni tampoco a la concubina.

8.- Corrido traslado de la excepción de la defensa opuesta por la citada en garantía, el apoderado de los Pajón contestó la misma diciendo que la falta de licencia no podía imputársele al tomador de la póliza, y que si ello no era aceptado, no podía oponerse tal defensa al tercero víctima del daño.

9.- Abiertos los autos a prueba, por fallecimiento del demandado Massolo se citó a sus herederos, siendo notificada a tal fin María Angélica Vélez, quien no se presentó.

10.- Denunciado el fallecimiento de Norberto Rómulo Pajón, se citó también a sus herederos, haciéndose presente su hijo, también codemandado, Roberto Rómulo Pajón.

11.- Producida la prueba, se dictó sentencia. La juzgadora entendió que la doctrina y jurisprudencia sobre transporte benévolo hacía aplicable el art. 1113 del C.C., por lo que condenó a Roberto Pajón y Norberto Pajón (este como titular del vehículo), pero entendió que también tenía una cuota de responsabilidad el demandado Massolo por haber estacionado el camión en un lugar prohibido, lo que hizo extensivo a Beguiristain y María Angélica Vélez como titulares del vehiculo y del acoplado, distribuyendo la misma en un setenta por ciento a los primeros y en treinta por ciento a los segundos. En ambos casos con costas.

Hizo lugar a la excepción de falta legitimación pasiva opuesta por Mapfre Aconcagua Compañía de Seguros S.A. en tanto estaba probado que el conductor del Ford Falcon carecía de licencia para conducir al momento del hecho, con costas..

En cuanto a los daños, decidió: a) respecto de Nancy Carabajal que le correspondía indemnización por el daño económico conforme al art. 1079 del C.C. y fijó la suma de $ 20.000; y desestimó el pedido de resarcimiento del daño moral; b) en relación a las menores Débora y Florencia Carrizo, fijó para cada una de ellas $ 40.000 por “valor vida” y $ 40.000 por daño moral; c) respecto del reclamo de Ramón Antonio Carrizo y María Inés González, desestimó el daño moral por la muerte de Jorge Adrián Carrizo por tener este descendientes, y otorgó al primero $ 21.300 ($ 20.000 por la afección y $ 1.300 por el tratamiento psicológico), y $ 31.300 ($ 30.000 por la afección y $ $ 1.300 por el tratamiento; d) para Cristian Sebastián Carrizó fijó $ 5.000 por incapacidad sobreviniente y $ 10.000 por daño moral; e) desestimó el resarcimiento de daño moral pedido por Cristian, Eduardo, Juan Ramón y Marcelo Carrizo por la muerte de sus hermanos por no estar contemplado por el art. 1078 del C.C.. Todos valores a la fecha del accidente, con intereses a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde ese momento.

III.- 1.- Se agravia el demandado Antonio D. Beguirestain por la responsabilidad atribuida. Dice que el conductor del Falcon no tenía licencia para conducir y que el camión estaba estacionado en un lugar iluminado, donde no había cartel que lo prohibiera, y que podían aparearse tres vehículos sin inconvenientes. Dice que el automóvil circulaba a alta velocidad, que fue el agente activo del hecho y que hizo un trompo. En conclusión, sostiene que no hubo nexo causal entre el lugar donde estaba estacionado el camión y el acaecimiento del accidente.

Subsidiariamente se queja por altos de los montos indemnizatorios fijados.

2.- La parte actora se agravia en primer lugar de la aceptación de la defensa opuesta por la citada en garantía, argumentando que la falta de licencia para conducir no hace presumir que el conductor no supiera manejar, sino que está sujeta a prueba en contrario. En el caso Roberto Pajón obtuvo la licencia el 19/06/97, es decir, cinco días después del accidente, y nadie aprende a conducir en ese lapso. Además – argumenta- la sentencia no habla de culpa por parte de Pajón sino que la funda en el art. 1113 del C.C.

Dice que la aseguradora incumplió los plazos del art. 56 de la ley 176.418 toda vez que rechazó la cobertura pasados treinta días desde que intimara a la aseguradora a exhibir el registro de conductor. Argumenta también que medió incumplimiento de la compañía al art. 11 de la misma ley que obliga a hacer entrega al asegurado del contrato de seguro.

Se agravia también de que la sentencia no haya tenido en cuenta los derechos de terceros dado que el seguro es obligatorio, y que, conforme a la ley 24.240, la interpretación del contrato debe hacerse a favor del predisponerte.

Se queja de lo exiguo de los montos indemnizatorios fijados. Dice que la sentencia ha omitido tratar el daño moral de los padres por la muerte de su hijo Ramiro, ya que entiende que se fijó por daño psíquico. Subsidiariamente apela el monto fijado.

Causa agravio también al apelante que la sentencia fije montos a la fecha de la sentencia y no a valores actuales, ya que esto último es lo que se corresponde mejor con el principio de la reparación integral.

IV.- 1.- Responsabilidad.

Entiendo que le asiste razón al demandado Beriguestain en cuanto a que la responsabilidad exclusiva por el accidente debe atribuirse al codemandado Roberto Pajón.

En efecto, en primer lugar debe tenerse en cuenta que la falta de licencia para conducir no es una “mera infracción administrativa”, ya que implica lisa y llanamente que no se debe conducir ninguno de los vehículos respecto del cual el Código de Tránsito (ley 11.430 al momento del hecho) lo contempla como obligatorio. La razón de ser de la ley es obvia: se presume que sólo el que ha aprobado los exámenes psicofísicos, teóricos y prácticos sabe manejar por la vía pública (arts. 35 y 36). No contar con licencia implica una fuerte presunción de impericia (esta Sala, causas n° 111.513, “Rodríguez c. Gandolfo”, 11/12/07; 109.599, “Barigozzi c. Olivera”, 11/09/08, 114.877, “Corigliano c. Lorca” del 04/09/14).

Una cosa es decir que una mera infracción a la reglamentación de tránsito por parte de la víctima no implica de por sí la exclusión de responsabilidad del sindicado como responsable a tenor del art. 1113 2do. párr. del C.C., y otra muy distinta sostener que conducir un vehículo sin carnet habilitante es una “mera” infracción. Se trata nada más ni nada menos que del requisito previo para circular por la calle conduciendo un vehículo. Quien carece de la licencia lisa y llanamente no debe hacerlo porque la autoridad de control no ha verificado que sepa manejar, que tenga aptitudes psicofísicas y que conozca las normas que regulan el tránsito, y por lo tanto se presume – sin admisión de prueba en contrario – que no sabe ni lo uno ni lo otro. Como ha dicho la Suprema Corte provincial reiteradamente, las normas reguladoras del tránsito no son letra muerte ni mero material de estudio (Ac. 46.852, 4/08/92; Ac. 47.959, 8/06/93; Ac. 48.959, 14/12/093; Ac. 51..862, 11/04/95, entre otras).

Esa fuerte presunción de que quien carece de carnet habilitante no sabe manejar ni conoce las reglas del tránsito conduce a que debe estar fehacientemente acreditado que absolutamente ninguna relación causal con el accidente tuvo tal falta de habilitación.

En el caso, considero que ello no está probado. Por el contrario, se desprende de los propios dichos de las partes y de la prueba colectada que Roberto Pajón, conduciendo el Ford Falcon, embistió contra el camión que estaba estacionado arrimado al cordón de la Avda. 2.

Del informe pericial obrante a fs. 89/90 de la causa penal que corre por cuerda (transcripta por la misma parte actora en la demanda) se desprende que el conductor del Falcon perdió el dominio del mismo antes del impacto, lo cual no resulta posible determinar si se debió a una falla mecánica o al estado o condiciones del camino “en función de la experiencia en la conducción de automóviles por parte del chofer”. Continúa diciendo que, si bien la velocidad del vehículo no puede determinarse objetivamente es estimable a partir de la magnitud de los daños sufridos como “elevada”. Por motivos que no surgen claramente – dice – pero que podrían corresponderse “a un problema de mecánica del sistema de frenos o de dirección, tanto como a una maniobra inadecuada por la presencia de baches o depósitos de agua o por roce con cordón del boulevard en relación a velocidad desarrollada y las otras dimensiones fundamentales como tiempos y distancias, comienza un trabajo de trompo en sentido horario que determina que incida oblicuamente sobre la parte lateral posterior del camión que se hallaba estacionado en dicho lugar”. Y continúa: “Este primer contacto se produce entre la parte delantera izquierda del frente del automóvil durante el giro que ya habría iniciado. A consecuencia se produce un acoplamiento a partir de esta parte frontal del automóvil y lateral del camión, rueda trasera izquierda del acoplado, en la continuación del giro horario hasta desprenderse en el momento que inicia el ingreso con su lateral trasero derecho debajo de la parte media del acoplado… consumiendo el resto de energía derivada de la velocidad a la que circulaba, en el trabajo de deformación de ambos rodados y traslación. En ello consume toda su energía residual, por lo que adopta su posición final o de reposo aproximadamente 200 grados respecto del primer impacto

Si se coteja este informe con las fotografías que obran a fs. 30/31 de la causa penal se advierte sin lugar a dudas que el automóvil no golpeó con su frente la parte trasera del acoplado del camión (lo que hubiera ocurrido si este estuviera parado de tal manera que obstaculizara el tránsito de la avenida). Por el contrario, el vehículo impactó con el lateral izquierdo del camión-acoplado, haciendo un trompo, de forma tal que quedó mirando con su frente hacia el centro del boulevard (conforme también acta de fs. 2/3 de la causa penal).

Según el informe de la Municipalidad de fs. 301/02 el ancho de la calzada en dirección Este-Oeste en ese lugar es de 8,80 metros, y el perito ingeniero designado en autos es bien claro e ilustrativo a fs. 438/52 en cuanto a que, habiendo un camión estacionado sobre el margen derecho de esa mano, pueden pasar simultáneamente dos automóviles. Es decir, los casi 9 metros de ancho permiten que pasen en paralelo dos vehículos habiendo un tercero estacionado. Además, según el mismo informe municipal a la fecha del hecho de autos existían columnas de alumbrado público en la avenida, mano Este-Oeste, a una distancia aproximada de 50 metros una de otra (informado también por la pericial de ingeniero).

O sea, tratándose de una avenida ancha con un boulevard en el medio, con 9 metros de ancho de cada lado, muy bien iluminada, lejos puede decirse que un camión estacionado sobre el cordón derecho (cuestión no discutida) pudiera haber constituido un obstáculo para la circulación de vehículos al punto que un conductor se lo llevara por delante. Y, conforme a lo antes dicho, está claro que no embistió el Falcon la parte trasera del acoplado, sino que golpeó en el lateral derecho del camión-acoplado en forma tan extraña, que, con parte del vehículo debajo del acoplado, quedó en forma perpendicular mirando hacia el boulevard. Esto, como dice el informe accidentológico de la causa penal, puede haberse debido a distintas razones: una falla del sistema de frenos o de dirección del automóvil; una maniobra inadecuada del conductor por la presencia de baches o depósitos de agua sobre la calzada; o por haber rozado el cordón del boulevard y, debido a la velocidad en que circulaba, hizo un giro de forma tal que fue a parar contra el camión-acoplado.

Esta cuestión de la velocidad no es un tema menor. El informe accidentológico de la causa penal ls estimó como “elevada” y pienso que no puede ser calificada de otra manera dada la magnitud del impacto, los daños sufridos por el automóvil y la forma en que finalmente quedó. Si a ello se agrega que había charcos de agua en la calzada no cabe duda que el conductor del Ford Falcon conducía en forma muy imprudente o que, por fallas en el sistema de frenos o de dirección, perdió el control del vehículo.

Cierto es que existía una prohibición genérica de la ley de tránsito provincial (arts. 85 incs. 11.h) de estacionar camiones o acoplados excepto en lugares especialmente habilitados, pero considero que para que la infracción a esa prohibición pueda ser fuente de responsabilidad civil debe acreditarse que haya tenido relación de causalidad con el accidente. Es decir, que el vehículo mal estacionado de alguna manera se haya constituido en un obstáculo a la libre circulación vehícular. En el caso, y aún dejando de lado que no existía cartel alguno de prohibición de estacionar en el lugar (conforme inf. municipal de fs. 301) y que los testigos de fs. 431/433vta. (vecinos) declararon que siempre se estacionaban vehículos sobre la avenida, está claro que había lugar más que suficiente como para que pasara un automóvil por el costado, máxime cuando la zona estaba bien iluminada.

Para que haya responsabilidad, además del hecho antijurídico el daño y el factor de atribución, debe mediar una relación causal adecuada entre lo primero y lo segundo (arts. 901/905 C.C.). En el caso no lo hubo y por ende propongo que se revoque parcialmente la sentencia y se rechace la demanda contra Antonio Dmingo Beguirestain, con costas.

2.- Excepción opuesta por la citada en garantía.

Resulta menester decidir en primer lugar si todos los agravios de la actora en esta materia pueden ser abordados por esta alzada – teniendo en cuenta lo establecido por el art. 272 del C.P.C. – habida cuenta de que dicha parte no contestó el traslado que el Juzgado confirió a fs. 194vta.

Aunque en forma poco precisa la citada en garantía opuso la defensa como excepción de falta de legitimación pasiva (fs. 182, p. V y fs. 188 p. 3ro.). De ella se dio traslado a fs. 194vta., sin cita de norma legal alguna y sin ordenar la notificación personal o por cédula; o sea, se ordenó por nota (art. 133 C.P.C.). Sin embargo, en la medida que la excepción había sido acompañada de documentación (fs. 164/179), el Juzgado debió hacerlo por cédula (art. 135 inc. 1 C.P.C.). Al disponerse de aquella manera se afectó el derecho de defensa de la parte actora (art. 34 inc. 5, ap. c del C.P.C., art. 18 C.N.). Luego, pese a que el Juzgado lo había sustanciado como excepción, no dictó la correspondiente resolución de tratamiento previo o de diferimiento para la sentencia definitiva que contempla el art. 351 del C.P.C., lo que pudo ocasionar confusión acerca de si había sido tratada como defensa de fondo.

En estas condiciones considero que, en aras del respeto al derecho constitucional de defensa en juicio, los agravios de la actora apelante deben ser abordados (art. 18 C.N.)

El agravio de la actora consistente en que si el demandado Roberto Pajón obtuvo la licencia para conducir cinco días después del siniestro es porque sabía manejar dado que nadie aprende a hacerlo en ese breve lapso no puede prosperar. La exclusión asegurativa que contempla la póliza de autos en la cláusula 22, item II, inciso g) es de toda lógica y no podría ser de otra manera, dado que, de lo contrario, sería contraria a la letra expresa del Código de Tránsito (ley 11.430), que, como la ley nacional y todas las leyes respectivas de las provincias , exige con carácter obligatorio que la autoridad de aplicación haya otorgado la licencia para conducir previo exámenes psicofísicos y teórico-prácticos, con fechas de vencimiento determinadas, de forma que tenga que renovarse con reiteración de los exámenes (arts. 33, 34, 35, 36, 37 y 38). Como dije al tratar la responsabilidad, no tener licencia no es una mera infracción administrativa, sino que lisa y llanamente no se debe conducir ningún vehículo sin ella. Sin licencia nadie puede estar en la vía pública a bordo de una cosa riesgosa. Y ello no puede quedar librado a la discrecionalidad de los jueces, que presuman que, por determinadas razones, estaba apto física y psíquicamente para manejar y que además tenía las aptitudes prácticas y conocimientos teóricos necesarios. Si los jueces pudieran decir que en cinco días no se aprende a manejar, mañana otros dirán lo mismo cuando sólo han pasado quince días o un mes, con lo cual, además de contrariar la letra expresa de la ley, contribuirían a aumentar el riesgo de la circulación de automotores y a la inseguridad jurídica. Por otro lado, a mayor abundamiento, las características del accidente de autos analizadas en el apartado precedente descartan plenamente que pueda presumirse que Pajón estaba capacitado para manejar.

El segundo agravio se refiere a que la sentenciante no ha tenido en cuenta que desde la carta-documento de fs. 171 y el rechazo del siniestro por igual medio de fs. 165 medió un lapso superior a los 30 días exigidos por el art. 56 de la ley 17.418 para el rechazo del siniestro.

Este artículo dice textualmente: “El asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los 30 días de recibida la información complementaria prevista en los párrafos 2° y 3° del art.46. La omisión de pronunciarse importa aceptación”.

Los referidos párrafos del art. 46 prevén la obligación del asegurado de suministrar al asegurador la información complementaria para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo, como asimismo la prueba instrumental que sea razonable. El pedido de exhibición del registro para conducir del conductor del vehículo encaja claramente en este último supuesto.

La notificación al asegurado de esta exigencia se hizo el 3/07/97 (conf. aviso de recibo de fs. 170). El rechazo de la cobertura se envió el 15/08/97 (fs. 165) y se recepcionó el 16/08/97 (fs. 164). O sea, en un plazo mayor a 30 días, pero el art. 56 dice que ese plazo debe contarse desde que es “recibida la información complementaria”, y esto nunca se concretó. La compañía aseguradora no fijó un plazo en la carta-documento para que ello se cumpliera. Cabe preguntarse, entonces, cuál era el plazo en que debía cumplir el asegurado con ese requerimiento, a cuyo vencimiento debía comenzar a contarse el término de los 30 días del art. 56.

Entiendo que se trata de un plazo tácito dado que puede decirse que resulta de la naturaleza y circunstancias de la obligación. El art. 509 2do. párr. del C.C. (vigente en ese momento) prescribía que en esos casos el acreedor debía interpelar para constituirlo en mora (distinto al art. 871 del C.C.C. que no exige intimación). Siendo ello así, el que debía practicar la intimación era quien tenía interés en que comenzara a correr el plazo del art. 56 – o sea, el asegurado -, que, en definitiva, era lo mismo que responder la intimación que le había hecho la aseguradora (que acompañara el registro). No hizo ni lo uno ni lo otro. Por lo tanto, el plazo del art. 56 no comenzó a correr.

Otra forma de entender el tema sería que, una vez practicada la intimación por la aseguradora, esta debía aguardar un plazo razonable para luego rechazar el siniestro. Ahora bien, ¿cuál era un plazo razonable en este caso?

En un caso que guarda cierta similitud con el presente, la Suprema Corte provincial consideró que, habiendo pasado casi dos meses y medio desde que obrara en la causa penal el dosaje alcohólico del conductor del vehículo (a lo que se había condicionado la aceptación del siniestro), el envío de la carta-documento de rechazo en ese término era irrazonable (C. 116.814 del 11/06/14). Siguiendo tal parámetro, entiendo que en el caso de autos el envío de la carta-documento de rechazo de la cobertura a los 42 días de requerida la información complementaria no es irrazonable. Tengo en cuenta para ello, en primer lugar que debía esperar la respuesta y que, ante la falta de ella, los únicos elementos que tenía la aseguradora eran los que surgían de la causa penal, pero de su lectura no se advierte que se hubiera dejado constancia si el conductor del Falcon tenía registro o no, motivo por el cual era prudente que la compañía, antes de rechazar el siniestro, hiciera otras averiguaciones antes de rechazar la cobertura del siniestro.

En cuanto a que no le fue entregada la póliza al asegurado (art. 25 de ley 20.091 y art. 11 de ley 17.418), al contestar la excepción el asegurado no dijo que se le había extraviado, con lo que implícitamente reconoció que le fue entregada (ver fs. 233vta.).

El tercer agravio se funda en que la exclusión de cobertura es inoponible a la víctima toda vez que el art. 68 de la ley 11.340 establece el seguro obligatorio de responsabilidad civil y además porque se trata de un contrato y rige la ley 24.240.

La queja no puede prosperar porque es doctrina de la casación provincial que le son oponibles al tercero damnificado todas las cláusulas del contrato de seguro en tanto el art. 118 de la ley 17.418 establece que la sentencia que se dicte es ejecutable en la medida del seguro; o sea que el tercero está subordinado, le son oponibles, lo afectan o se encuentran enmarcados por las estipulaciones contractuales, aún cuando haya sido ajeno a la celebración del pacto (S.C.B.A., C. 100.299, 11/03/09; C. 98.401, 22/06/11; C. 102.992, 17/08/11; y fallo del 15/07/15 pub. en RCyS 2016-V, 197). Esta postura ha sido sostenida por el alto tribunal, por ejemplo, en el meneado tema de la oponibilidad de la franquicia permitida por la Superintendencia de Seguros al damnificado, en la que ha seguido la doctrina de la Corte Nacional que se ha pronunciado claramente por la negativa (Fallos: 329:3054 y 3488; C.724.XLI, «Cuello y. Lucena»; V 389.XLIII, «Villarreal c/. Fernández»; criterio reiterado en «Gauna Agustín y. La Economía General de Seguros Generales S.A.», «Obarrio María y. Microómnibus Norte» y nuevamente «Villarreal y. Fernández», todas del 4-III-2008, «Jurisprudencia Argentina» 2008, fascículo 4 del 23-IV-2008, págs. 12 y 13; y de S.C.B.A.: Ac. 65.395 del 24/03/98; Ac. 83.726 del 5/04/04; Ac. 94.988 del 23/04/08; C. 102.992 del 17/08/92)

Por lo expuesto, propongo que se confirme la admisión de la excepción, con costas.

3.- Indemnización.

3.1.- Agravio general.

Debe abordarse en primer lugar el agravio de la parte actora referido a que la sentencia fija montos indemnizatorios “a la fecha del accidente” y no “a valores actuales”. Dice que ello no se condice con el principio de la reparación integral habida cuenta del proceso inflacionario de los últimos tiempos. Con cita de jurisprudencia, sostiene que se trata de deudas de valor y por ende no es una forma de actualización monetaria.

Considero que asiste razón al recurrente. Con motivo de abordarse el cuestionamiento a la tasa pasiva de interés por ser inferior a los índices inflacionarios, dijo esta Sala (en causa n° 112,404, “Di Como c. Cavadini”, 15/10/09; reiterado en causas nros 98.515 del 18/02/92, 111.302 del 20/09/07, 111.537 del 26/02/08, 112.288 del 30/12/08, 112.243 del 11/11/08, entre otras) que si se tenía en cuenta cuál era la naturaleza de las deudas que componían los rubros indemnizatorios en casos como el de autos (“valor vida”, incapacidad, daño moral), lejos podía decirse que esa tasa condujera a una reparación injusta. Ello así porque si nos remitíamos a la clásica distinción entre obligaciones de dinero y obligaciones de valor, cabía señalar que en las primeras el objeto era la cantidad de dinero a cuyo pago se había obligado el deudor (un quantum), y en las segundas el dinero aparecía sólo como sustitutivo del objeto especificado. La prestación contenía un valor abstracto o una utilidad, referida necesariamente a una porción o masa de bienes (un quid) (Llambías, Obligaciones, t. II, Abeledo-Perrot, 4ta. ed., 1994, p. 191; voto del Dr. Cifuentes en plenario “La Amistad” de la C.N.Civ., E.D. 74-463). Las obligaciones por responsabilidad extracontractual – dijimos – encuadran claramente en estas últimas. Es decir no existe un quantum previamente establecido que deba pagar el deudor al momento del hecho; por el contrario se trata de un “quid” (la reparación) que se determina en el momento de dictarse la sentencia. Siendo ello así, los jueces estiman el monto indemnizatorio sobre la base de los valores de los precios – el costo de vida – en el momento en que se abocan a tal tarea; nunca sobre la base de los existentes al momento del hecho, lo que requeriría una información que no está a su alcance y que las partes no proporcionan.

Este criterio respecto del carácter de obligaciones de valor de los montos indemnizatorios por responsabilidad extracontractual – continuamos diciendo – surgió explícitamente en el arduo debate planteado en la Cámara Nacional en lo Civil con motivo del fallo plenario emitido el 20/04/09 en los autos “Samudio de Martínez, Ladislao c. Transportes Doscientos Sesenta S.A. s. Daños y Perjuicios” (L.L. del 22/04/09). En efecto, por amplia mayoría los integrantes de la Cámara decidieron dejar sin efecto la doctrina fijada en los fallos plenarios “Vázquez c. Bilbao” del 2/08/93 y “Alaniz c. Transportes 123 SACI” del 23/03/04 (que estableciera la tasa pasiva), pero al optar por fijar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco Nación (tercera cuestión), varios jueces plantearon que en la mayoría de los casos (los de responsabilidad extracontractual), en las sentencias se fijaban montos indemnizatorios a valores del momento de emitirse las mismas; es decir, a valores actualizados, y ello podía conducir a un enriquecimiento indebido por parte del acreedor, correlativo al empobrecimiento del deudor. De ahí, entonces, que se decidió someter a votación una cuarta cuestión: si la tasa de interés fijada (o sea, la activa) era aplicable desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia. La respuesta, por mayoría, fue: “La tasa de interés fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de la sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”.

Siendo coherentes, entonces, con estos argumentos que hemos esgrimido, no podemos sostener otra cosa que no sea que los montos indemnizatorios (cuando se trata de pérdida de ayuda económica – llamado “valor vida” -, daño moral e incapacidad) deben fijarse a valores a la época en que se dicta sentencia, y así será considerado a continuación.

3.2.- Reclamos indemnizatorios de Ramón Antonio Carrizo y María Inés González.

Se queja la actora de que la sentencia ha omitido tratar el daño moral de estos actores por la muerte de Ramiro Mauricio Guillermo Carrizo. Entiende la apelante que por lo irrisorio de los montos la suma fijada se refiere a los daños psíquicos. Ello no es así. Claramente comienza el cap. V de los agravios (fs. 710) diciendo que procede reparar ese daño respecto de ese hijo y la cuantía de los montos obedece a que la jueza los fijó al momento del hecho, cuestión ya tratada en el apartado anterior.

La circunstancia de que la sentencia haga referencia al daño psíquico padecido por los padres de los fallecidos no cambia las cosas, dado que, como es bien sabido, para una fuerte corriente jurisprudencial – a la que esta Sala adhiere – el daño psicológico carece de autonomía, ya que debe evaluarse tanto para el rubro incapacidad (si ha sido pedido) como para el daño moral, según la esfera del individuo afectado (patrimonial o extrapatrimonial) (esta Sala, 107.003 del 27/06/02; 111.308 del 23/08/07; 108.706 y 108.707 del 14/10/04, 108.415 del 31|/08/04, 109.549 del 7/10/05, 109.519 del 9/08/05, ll0.993 del 22/05/07, 112.796 del 10/12/09, 112.798 del 16/02/10, 112.288 del 30/12/08;110.129 del 12/05/08; 111.127 del 17/07/07, entre otras; SC.B.A., Ac. 42.528, 19/06/90; Ac. 54.767, 11/07/95; Ac. 52.258, 1/08/94; Ac. 75.918, 21/11/01 L. 81.159 del 27/11/02, Ac. 77.461 del 13/11/02, Ac. 58.505 del 28/04/98, Ac. 64.248 del 8/09/98, Ac. 79.853 del 3/10/01, entre otros).

Teniendo en cuenta que la apelante, para el caso que se entienda que la sentencia lo ha tratado, solicita que se eleve la suma fijada por baja, corresponde acceder a la petición.

Como he señalado, si bien el daño moral por la muerte de un hijo es “in re ipsa”, no puede dejar de evaluarse a los fines de la cuantificación el informe médico psiquiátrico presentado en autos (fs. 393/97). El experto da cuenta de que ambos actores atraviesan un estado de duelo patológico, calificable de esa manera dado que se ha superado el tiempo e intensidad del proceso de duelo normal (el informe es tres años posteriores al accidente). Respecto de Carrizo, expresa que la elaboración de la pérdida sufrida cursó con síntomas depresivos leves, que al cabo de unos meses fueron reduciéndose, presentando en la actualidad síntomas depresivos de leve intensidad. Dictamina que su cuadro es de trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo, que requiere de tratamiento psicoterapéutico. En relación a María Inés González manifiesta que sufrió mayor repercusión del hecho traumático, que ha prolongado la presencia de síntomas somáticos más duraderos. Su cuadro es de trastorno adaptativo mixto, con ansiedad y estado de ánimo depresivo, requiriendo también tratamiento terapéutico.

Ha dicho esta Sala en varias oportunidades que no debe existir dolor más grande que el sufrido por la muerte de un hijo no sólo porque los padres engendran y crían a sus hijos sino también porque, por la fuerza de la naturaleza están destinados a sobrevivirlos y no a la inversa (causas n° 108.712 del 1/02/05, 107.175 del 22/03/05, l08.706 del 14/10/04, 108.968 del 30/11/04, 110.363 del 12/09/06, 112.798 del 16/02/10, entre otras). De acuerdo al informe médico-psiquiátrico analizado (art. 474 C.P.C.) y lo reconocido por este tribunal en casos similares, propongo fijar la suma de $ 300.000 para el actor Ramón Antonio Carrizo y la suma de $ 310.000 para la actora María Inés González por la muerte de su hijo Ramiro Mauricio Guillermo Carrizo (art. 1078 C.C.; art. 165 C.P.C.).

Dejo constancia que no existe agravio respecto del rechazo del daño moral por la muerte del hijo Jorge Adrián Carrizo.

3.3.- Reclamo indemnizatorio de Nancy Alejandra Carabajal.

Se agravia la actora de lo exiguo del monto fijado en concepto de “valor vida” para esta parte, concubina o conviviente del fallecido Jorge Adrián Carrizo con quien tenía dos hijas menores de edad. Dice que está probado que dependía económicamente del mismo, dado que ella no trabajaba, y que ambos tenían alrededor de 23 años.

Por lo habitualmente llamado “valor vida” se entiende la pérdida de ayuda económica o la pérdida de chance de obtenerla en el futuro (S.C.B.A., Ac. 35.428 del 14/05/91, Ac. 41.216 del 21/05/91, Ac. 50.522 del 26/10/93; esta Cámara, Sala1, causas n° 108.706/07 del 14/10/04; 107.175 del 22/03/05; 108.968 del 23/05/06; 110.363 del 12/09/06, 108.629 del 16/09/06, 112.243 del 11/11/08, 112.798 del 16/02/10, entre otras; ver Mosset Iturraspe, “El valor de la vida humana”, Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 1986, 2da. ed. actualizada, ps. 137 y ss.; Trigo Represas – López, Mesa, “Tratado de la responsabilidad civil”, T. IV, La Ley, Bs. As., 2004, p. 734 y ss.). Los demandados no cuestionaron en sus contestaciones de demanda la procedencia de su reclamo por parte de quien se hallaba unida en unión de hecho con el fallecido, lo que, por otro lado desde hace largo tiempo es pacíficamente admitido a tenor de lo previsto por el art. 1079 del C.C., siempre que se pruebe que el concubino/a recibía ayuda económica de su compañera/o (S.C.B.A., Ac. 43.078 del 12/11/91; Ac. 54.867 del 15/12/98;AC. 46.485 del 17/02/98; Ac. 48.914 del 17/02/98; Ac. 49.730 del 17/02/98; AC. 82.356 y AC. 79.512 del 1/04/04; C. 100.285 del 14/09/11, entre otros).

En el caso, está probado que Jorge Adrián Carrizo y Nancy Carabajal tenían dos hijas (partidas de fs. 11 y 12) y de los testimonios de fs. 415, 526/27 surge que vivían juntos y que el primero mantenía el hogar con su trabajo de fletero que hacía con una camioneta. No está probado cuáles eran sus ingresos. Surge de la partidas de fs. 6 que Jorge A. Carrizo tenia 24 años al momento del hecho. Las hijas, a su vez, tenían 2 y 3 años en ese momento, lo que hace presumir que la unión convivencial databa de aproximadamente cuatro años (arts. 474 y 384 C.P.C.). Estimo que destinaba el treinta por ciento de sus ingresos al sostén económico de la reclamante.

Teniendo en cuenta estos elementos considero que debe elevarse la suma indemnizatoria por este concepto a la suma de $ 150.000 (Art. 1079 C.C., art. 165 C.P.C.).

3.4.- Reclamo indemnizatorio de Florencia Evelin Carrizo y Débora Ayelen Carrizo.

En el caso de estas actoras, hijas del fallecido Jorge Adrián Carrizo, se reclamó en la demanda por pérdida de ayuda económica y daño moral.

Respecto de lo primero, como ya se dijo, tenían las niñas 2 y 3 años al momento del siniestro, por lo que eran merecedoras del deber alimentario del padre hacia ellas hasta la mayoría de edad (arts. 265, 267, 268, 271, 272, 274 y cctes. C.C.), y luego a la ayuda del mismo en el caso de que no lo necesitaran (en este caso el resarcimiento es por pérdida de chance). No están probados los ingresos del padre. No obstante, teniendo en cuenta la edad de las niñas, la juventud del padre (24 años) y las posibilidades de progreso económico, estimo justo elevar la suma indemnizatoria por este concepto a $ 150.000 para cada una, lo que así propongo (arts. 1079 y 1083 C.C.; art. 165 C.P.C.).

En cuanto al daño moral no hace falta explayarse acerca del dolor y sufrimiento que significar perder al padre siendo tan pequeñas, dolor que las acompañará toda la vida. Propongo elevar el monto a la suma de $ 250.000 para cada una (art. 1078 C.C., art. 165 C.P.C.).

3.5.- Reclamo indemnizatorio de Cristian Sebastián Carrizo.

Llega incontrovertido a esta instancia lo expuesto en la sentencia sobre las lesiones sufridas por este actor, que, al momento del hecho tenía 19 años de edad (partida de fs. 10). Sufrió traumatismo de cráneo y politraumatismos, perdiendo la conciencia, por lo cual fue internando en el hospital municipal en Terapia Intensiva (historia clínica de fs. 314/22). Recuperó la conciencia a los 5 día de la internación, siendo externado con secuelas como mareos, insomnios, períodos de falta de voluntad para hacer tareas, actitud depresiva y acúfenos. Evolucionó favorablemente con el tiempo, aunque le quedó labilidad emocional, fallas en la capacidad para concentrarse con dispersión del pensamiento y nerviosismo. Ello conforme al informe pericial neurológico de autos, que dictamina un síndrome de inestabilidad nerviosa post-trauma (fs. 488/89). Por su parte el perito médico psiquiatra expresa que tiene un estado psiquiátrico compensado y no necesita someterse a tratamiento psiquiátrico (fs. 393/97). Ninguno de los dos peritos dictamina algún grado de incapacidad.

No se denunció en autos si desarrollaba alguna actividad laboral al momento del hecho. Solamente surge que el informe médico refirió haber hecho estudios primarios, trabajos de albañil y ayudado al padre con un horno de ladrillos.

Conforme a los elementos referidos, teniendo en cuenta la corta de edad de la víctima y que las secuelas incapacitantes (aunque limitadas) lo acompañarán toda su vida, estimo razonable fijar la suma de $ 30.000 (arts. 1067, 1068, 1083 C.C.: art. 165 C.P.C.).

En cuanto al daño moral, habida cuenta de la magnitud del accidente, que quedó inconsciente, que estuvo internado en Terapia Intensiva y las secuelas descriptas, propongo reconoce la suma de $ 30.000 (art. 1078 C.C.; art. 165 C.P.C.).

V.- Costas.

Si mi voto es compartido, las costas de segunda instancia deberán ser soportadas por los demandados condenados (art. 68 C.P.C.).

Con el alcance propuesto, VOTO POR LA NEGATIVA.

El señor juez Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:

De acuerdo a la forma en que ha quedado votada la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es:

1°.- Revocar parcialmente la sentencia en cuanto condena a Antonio Domingo Beguirestain, y en consecuencia rechazar la demanda contra el mismo, con costas en ambas instancias a la actora vencida.

2°.- Modificar los montos indemnizatorios fijado en autos de la siguiente manera: a) para Ramón Antonio Carrizo la suma de $ 300.000; b) para María Inés González la suma de $ 310.000; c) para Nancy Alejandra Carabajal la suma de $ 150.000; d) para Florencia Evelin Carrizo y Débora Bárbara Ayelen Carrizo las suma de $ 400.000 para cada una de ellas; e) para Cristian Sebastián Carrizo la suma de $ 60.000

3°.- Confirmar la aceptación de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía Mapfre Compañía Argentina de Seguros S.A., con costas en ambas instancias a la actora vencida.

4°.- Imponer las costas de segunda instancia a los demandados condenados.

ASI LO VOTO.-

El señor juez Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A

Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser revocada

POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:

1°.- REVOCAR parcialmente la sentencia en cuanto condena a Antonio Domingo Beguirestain, y en consecuencia rechazar la demanda contra el mismo, con costas en ambas instancias a la actora vencida.

2°.-MODIFICAR los montos indemnizatorios fijado en autos de la siguiente manera: a) para Ramón Antonio Carrizo la suma de $ 300.000; b) para María Inés González la suma de $ 310.000; c) para Nancy Alejandra Carabajal la suma de $ 150.000; d) para Florencia Evelin Carrizo y Débora Bárbara Ayelen Carrizo las suma de $ 400.000 para cada una de ellas; e) para Cristian Sebastián Carrizo la suma de $ 60.000

3°.- CONFIRMAR la aceptación de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía Mapfre Compañía Argentina de Seguros S.A., con costas en ambas instancias a la actora vencida.

4°.- IMPONER las costas de segunda instancia a los demandados condenados. NOT. Y DEV.-

 

NOTAS:

-LOS INTERESES FUERON FIJADOS EN PRIMERA INSTANCIA, SIN AGRAVIOS.

-POR LA PLURALIDAD DE FALLECIDOS Y RECLAMOS NO SE CONSIGNAN LOS MONTOS INDEMNIZATORIOS EN LA GRILLA, DEBIENDO OBTENERSE DEL FALLO.


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