Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial N° 2
Fecha fallo origen: 25 de abril de 2018
Fecha del hecho: 30 de enero de 2012
Órgano de Alzada: Cámara Civil y Comercial Sala I
Número de expediente de Cámara:117.230
Fecha fallo de Cámara: 05 de febrero de 2019

Abstract:

– Secuela sensitiva motriz de la fractura, dolor crónico e inflamación del pie derecho
– La parte actora solamente apelo el monto fijado para resarcir el daño moral – $ 40.000 – por estimarlo bajo; se propició su confirmación por considerarlo razonable.
– Montos que quedan firmes en primera instancia.


Sexo: F
Edad: 57
Ocupación: MEDICO
Porcentaje de resp. de la víctima: 0%

Porcentaje de incapacidad física: 5%
Porcentaje de incapacidad psíquica: 0%

Tipo de Intereses: Tasa pasiva más alta del BPBA en sus depósitos a 30 días desde fecha del hecho hasta efectivo pago.
Indemnización Monto
Valor vida $ 0
Incapacidad física $ 5
Incapacidad psíquica $ 0
Incapacidad psicofísica $ 0
Daño moral $ 0
Daño estético $ 0
Daños materiales $ 0
Tratamiento psicológico $ 0
Lucro cesante $ 9.000
Privación de uso $ 2.000
Pérdida de la chance $ 0
Gastos de asistencia $ 2.000
Gastos de traslado $ 0
Gastos funerarios $ 0
Gastos $ 2.800
Texto completo del Fallo:

Nro de Orden:

Libro: S-202

Juzgado de origen: Civ. y Com. N° 2 Dptal.

Expte: SI-117648

Juicio: WHITE ALICIA INES C/ GOICOECHEA PASCUAL S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)

 

 

En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 6 días del mes de agosto de 2019, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y ROBERTO ANGEL BAGATTIN, con la presencia de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-117648 , en los autos: WHITE ALICIA INES C/ GOICOECHEA PASCUAL S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO).-

La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.C.-

1ª) ¿Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 31 de la ley 13.951 y del art. 27 del decreto 2.530/10?

2ª) ¿Corresponde considerar los honorarios del mediador para el prorrateo establecido por el art. 730 del Código Civil y Comercial?

3ª) ¿Es justo el auto regulatorio de fojas 261/262 vta.?

4ª) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio Armando Ibarlucía y Doctor Roberto Ángel Bagattín.

VOTACION

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio Armando Ibarlucía dijo:

El apoderado de la demandada y citada en garantía apela el auto regulatorio de fojas 261/262 vta.

II.- El apelante, al fundar el recurso con la presentación de fecha 16/04/2019, por las razones que allí invoca y damos por reproducidas, dice que corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 31 de la ley 13.951 y del art. 27 del decreto 2.530/10.

Conferido traslado (fs. 278), no fue contestado por el mediador

III.- En forma liminar, cabe dejar establecido que sin perjuicio de que actualmente se encuentra derogado el art. 27 del decreto 2.530/10 (art. 4° del decreto 43/19), corresponde ingresar en el tratamiento de la pretensión de declaración de inconstitucionalidad de dicha norma. Esto, debido a que las labores de la etapa prejudicial de mediación han sido desarrolladas por el mediador durante la vigencia del mismo y, en consecuencia, es aplicable al supuesto de autos (art. 7 C.C.C.; argumentos S.C.B.A. en la resolución de fecha 8 de noviembre de 2.017 recaída en la causa I-73016, expediente caratulado «Morcillo, Hugo Héctor c/Provincia de Buenos Aires s/Inconstitucionalidad Decr. Ley 9020») (Esta Sala, expediente N° 117.350, sentencia del 14/2/2019)

IV.– En precedentes similares (causas N° 116.280, 116.299, 116.769, entre otras, a cuyos fundamentos en extenso nos remitimos), esta Sala ha sostenido que no corresponde la declaración de inconstitucionalidad del art. 27 del decreto 2.530/10, porque el ordenamiento jurídico prevé un mecanismo para dejar de lado la escala prevista en dicha norma en caso de desproporción, a fin de evitar la vulneración de derechos constitucionales; esto último, conforme lo establecido por el artículo 1.255 del Código Civil y Comercial, que habilita al juez a fijar equitativamente una retribución apartándose de las pautas arancelarias locales si la aplicación estricta de la ley de arancel conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida.

En atención a que la declaración de inconstitucionalidad del art. 31 de la ley 13.951 es requerida por el apelante a fin de no aplicar la escala establecida por el art. 27 del decreto 2.530/10, debe desestimarse por los mismos argumentos esgrimidos en el párrafo que precede.

En consecuencia, no resulta procedente la declaración de inconstitucionalidad del art. 31 de la ley 13.951 ni del art. 27 del decreto 2530/10 pretendida por el apelante, por lo que dejo propuesto desestimar el pedido formulado en ese sentido.

A la primera cuestión planteada, VOTO POR LA NEGATIVA.

El señor juez Dr. Roberto A. Bagattín, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio Armando Ibalucía dijo:

El apelante, cuando funda su recurso, considera los honorarios del mediador para realizar el prorrateo establecido por la ley 24.432 (actualmente artículo 730 del Código Civil y Comercial)

Al respecto, entiendo que no deben tenerse en cuenta los honorarios del mediador para el prorrateo previsto por el art. 730 del C.C.C. (antes 505 del C.C.), debido a que los mismos no corresponden a la primera instancia, sino a una etapa prejudicial (Ley 13.951; Camara de Apel. Civ. y Com. de Junín, causa “Miranda, Juan de Dios c/Colaneri Horacio Luis s/daños y perjuicios”, resolución del 14/03/2017).

Por ello, debe dejarse establecido que no cabe considerar los honorarios del mediador para el prorrateo establecido por el art. 730 del C.C.C., lo que así dejo propuesto.

A la segunda cuestión planteada, VOTO POR LA NEGATIVA.

El señor juez Dr. Roberto A. Bagattín, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.

A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio Armando Ibarlucía dijo:

I.- El apoderado de la demandada y citada en garantía se agravia de los montos fijados en concepto de honorarios en el auto de 261/262 vta. a favor del letrado apoderado de la parte actora, de los peritos y del mediador.

Solicita, como se indicó, que no se aplique al supuesto de autos la escala prevista por las normas arancelarias de los mediadores, que se aplique el prorrateo establecido por el art. 505 del Código Civil según ley 24.432 (actualmente artículo 730 del Código Civil y Comercial), y que se reduzcan los honorarios cuestionados.

De su lado, el letrado apoderado de la parte actora dice que es extemporáneo el pedido de aplicación del artículo 505 del C.C., actual 730 del C.C.C.

II.- Al respecto, cabe precisar en primer lugar que aún sin formularse pedido alguno de aplicación del prorrateo previsto por el art. 730 del C.C.C., esta Sala lo aplicaría, ya que es criterio de la misma que al momento de fijar los honorarios el Juez debe evitar exceder el tope establecido por dichas normas (causa «Trod de Díaz N.C. c/ Gemfort S.R.L. y otros s/ Daños y perjuicios» nro. lll.881 del 25 de marzo de 2008)

Ahora bien, sin perjuicio de lo indicado en el párrafo que precede, es lo cierto que los honorarios que corresponde fijar en autos para el abogado de la parte actora conforme los porcentajes que esta Sala aplica en causas como la presente, adicionados a los de los peritos, que no pueden elevarse por haber sido apelados únicamente por altos, no supera el 25% del monto del juicio. Adunado a ello que, conforme lo indicado en el voto a la segunda cuestión, no corresponde considerar los honorarios del mediador al momento de calcular si los incuidos en la condena en costas exceden dicho tope, en estas especiales circunstancias no se configura el presupuesto para realizar el prorrateo establecido por las normas aludidas.

III.- Dicho esto, atento la importancia del asunto, mérito de los trabajos realizados y teniendo en cuenta lo normado por los arts. 15, 16, 21, 23, 26, 28 y concs. del dec. ley 8904; lo decidido por la S.C.B.A. en la resolución de fecha 8 de noviembre de 2.017 recaída en la causa I-73016, expediente caratulado «Morcillo, Hugo Héctor c/Provincia de Buenos Aires s/Inconstitucionalidad Decr. Ley 9020” y en Ac. 55689, Sentencia del 28/02/95: “Banco Local Cooperativo Limitado c/ Toselec S.A.C.F.I. s/ consignación”, Ac. y Sent. 1995-I-137 y ED. 165-974, considero que corresponde fijar los honorarios del Dr. Atilio Ricardo Rossello (T° II, F° 347, CADJM) en la suma de pesos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Ochenta ($ 43.680.-), con más la totalidad de los aportes legales que correspondieren según la concreta situación previsional y tributaria del señor profesional beneficiario, lo que así propongo.

IV.- Y atento a la importancia del asunto, mérito de la labor desarrollada, lo normado por el art. 1255 del CCC, y mediando únicamente apelación por altos, corresponde confirmar los honorarios regulados a favor del perito médico oficial Oscar Rudoni y de la perito psicóloga oficial Lic. María Cristina Becce , con más la totalidad de los aportes legales que correspondieren según la concreta situación previsional y tributaria de los señores profesionales beneficiarios, lo que así también dejo propuesto.

V.- Tal como ha quedado establecido en el voto a la primera cuestión, el pedido de declaración de inconstitucionalidad del art. 31 de la ley 13.951 y del art. 27 del decreto 2.530/2010 no prospera porque la aplicación del art. 1.255 del C.C.C. prevé un mecanismo para dejar de lado la escala prevista en el art. 27 del decreto 2.530/10 si su aplicación estricta conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida.

En varios precedentes de esta Sala (causa 116.839, “Ehlich, Silvina Natalia c/Musso, Alejandro Eugenio y otros s/daños y perjuicios”, resolución de fecha 27/02/2.018, y causas 116.882 del 5/6/18, 117.056 del 26/6/18, 116.891 del 27/9/18, entre otras), se sostuvo que “…el envilecimiento de nuestro signo monetario a raíz del constante proceso inflacionario, llevó necesariamente al aumento de los intereses económicos en juego en los procesos judiciales; como lógica consecuencia, también al aumento de las bases regulatorias expresadas en moneda de curso legal y del valor del jus arancelario. Al regular el artículo 27 del decreto 2.530/10 que el honorario de mediador judicial se determinará teniendo en cuenta el monto del asunto expresado en pesos y no en la misma unidad en cuyo equivalente en pesos se debe fijar el honorario –jus arancelarios ley 8904-, la circunstancia indicada en el párrafo que precede hace que en la actualidad no se mantenga la proporción que existía al momento del dictado de dicha norma, entre el monto del asunto y el del honorario a determinarse según la escala que establece, sino que aumente más que proporcionalmente el honorario en relación al aumento del monto del asunto. Tal desproporción torna procedente el apartamiento del mínimo previsto por la ley arancelaria local para la determinación del honorario del mediador y la fijación en forma equitativa (art. 1.255 del C.C.C.)”

Bajo dicha línea hermenéutica, también esta Sala adoptó un mecanismo para fijar equitativamente los honorarios del mediador (causa caratulada “Morales, Jorge Pedro y Ot. c/Ibarrola, Eduardo Alfredo y ot. s/daños y perjuicios”, expediente N° 116.799, sentencia del 03/04/2.018, y causas 116.882 del 5/6/18, 117.056 del 26/6/18, 116.891 del 27/9/18, entre otras)

Según el mismo, para calcular el honorario del mediador en forma equitativa – y no discrecional – debe respetarse la proporción que existía al momento del dictado del decreto 2530/10, para lo que resulta razonable realizar el siguiente cálculo: 1) Convertir a jus al valor del momento del dictado del decreto 2530/10 ($123, según AC. S.C.B.A 3517/10) las sumas en pesos previstas en el art. 27 del decreto 2530/10 y 2) convertir a jus al valor actual la base regulatoria del juicio en el que se regulan los honorarios. Y luego, con la base regulatoria que surge del mentado cálculo, fijar el honorario para el mediador respetando la proporción que en su oportunidad existía entre el monto del juicio y la cantidad de jus que corresponde regular según aquel valor.

En este supuesto, en el que el mediador desarrolló las labores encontrándose en vigencia el decreto ley 8.904/77, para convertir a jus el valor actual del monto del juicio, que es la base regulatoria, como asimismo para convertir a pesos la cantidad de jus que arroja como resultado el cálculo, se tiene en cuenta el valor de la unidad arancelaria establecido por la S.C.B.A. de conformidad con lo dispuesto por el art. 9 de dicha norma, que conforme lo dispuesto por el art. 2° de la Ac. S.C.B.A. 3.918/18 asciende a la suma de $ 902.- (art. 7 C.C.C., argumentos S.C.B.A. en la resolución de fecha 8 de noviembre de 2.017 recaída en la causa I-73016, expediente caratulado «Morcillo, Hugo Héctor c/Provincia de Buenos Aires s/Inconstitucionalidad Decr. Ley 9020»)

Así, siendo que el monto del juicio asciende a la suma de $ 242.650.-, equivalentes a 241,44 JUS (según Ac. S.C.B.A. 3.938/19), el honorario que correspondería fijar para el mediador respetando la proporción del decreto 2530/10, sería superior a la fijada en el auto regulatorio apelado (sería 10 jus, correspondientes a los asuntos entre $ 10.001.- (81,31 jus, según Ac. S.C.B.A 3517/10) y $ 30.000.- (243,90 jus, según Ac. S.C.B.A 3517/10), equivalentes a la suma de $ 10.050.- (10 jus según art. 2° Ac. S.C.B.A. 3.938/19)

Por ello, habiendo sido apelados únicamente por altos los honorarios del mediador fijados en el auto regulatorio apelado, corresponde confirmarlos, lo que así propongo.

A la tercera cuestión planteada, con el alcance señalado, VOTO POR LA NEGATIVA.

El señor juez Dr. Roberto A. Bagattín, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.

A LA CUARTA CUESTIÓN PLANTEADAel señor juez Dr. Emilio Armando Ibarlucía dijo:

Visto el acuerdo logrado al votarse la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es: 1) desestimar el pedido de declaración de inconstitucionalidad del art. 31 de la ley 13.951 y del artículo 27 del decreto 2.530/2010; 2) dejar establecido que no cabe considerar los honorarios del mediador para el prorrateo establecido por el art. 730 del C.C.C.; 3) modificar los honorarios fijados en el auto apelado a favor del Dr. Atilio Ricardo Rossello (T° II, F° 347, CADJM) y fijarlos en la suma de pesos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Ochenta ($ 43.680.-), y confirmar los honorarios allí fijados a favor de los peritos oficiales y del mediador.

ASI LO VOTO.-

El señor juez Dr. Roberto ángel Bagattín, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A

Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que el auto regulatorio apelado debe ser modificado con el alcance señalado.

POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE: 1) desestimar el pedido de declaración de inconstitucionalidad del art. 31 de la ley 13.951 y del artículo 27 del decreto 2.530/2010; 2) dejar establecido que no cabe considerar los honorarios del mediador para el prorrateo establecido por el art. 730 del C.C.C.; 3) modificar los honorarios fijados en el auto apelado a favor del Dr. Atilio Ricardo Rossello (T° II, F° 347, CADJM) y fijarlos en la suma de pesos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Ochenta ($ 43.680.-), y confirmar los honorarios allí fijados a favor de los peritos oficiales y del mediador. NOT. Y DEV.


Etiquetas / Voces jurídicas:

Puede seguir el link a fallos relacionados seleccionando etiquetas/voces jurídicas en la siguiente lista: