Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial N° 6
Fecha fallo origen: 08 de marzo de 2018
Fecha del hecho: 24 de septiembre de 2009
Órgano de Alzada: Cámara Civil y Comercial Sala I
Número de expediente de Cámara:117051
Fecha fallo de Cámara: 23 de octubre de 2018

Abstract:

-Interés del 6% desde la fecha del hecho hasta la fecha de sentencia de Cámara, y de allí a la tasa fijada en sentencia de primera instancia.
-Ello implica que si se trata del supuesto de “pérdida de asistencia económica”se tiene en cuenta: a) la edad del reclamante; b)vínculo con el fallecido; c) edad del fallecido; d) ingresos económicos del fallecido; d) si existían otras personas que eran asistidas económicamente por el fallecido y por ende qué porcentaje de sus ingresos probablemente destinaba la víctima para asistir al reclamante (esta Sala, causa n° 112.243 del 11/11/08; 112.798 del 16/02/10).


Sexo: F
Edad: 62
Ocupación: AMA DE CASA
Porcentaje de resp. de la víctima: 0%

Porcentaje de incapacidad física: 0%
Porcentaje de incapacidad psíquica: 0%

Tipo de Intereses:
Indemnización Monto
Valor vida $ 0
Incapacidad física $ 0
Incapacidad psíquica $ 0
Incapacidad psicofísica $ 0
Daño moral $ 1.000.000
Daño estético $ 0
Daños materiales $ 0
Tratamiento psicológico $ 0
Lucro cesante $ 0
Privación de uso $ 0
Pérdida de la chance $ 0
Gastos de asistencia $ 0
Gastos de traslado $ 0
Gastos funerarios $ 0
Gastos $ 0
Texto completo del Fallo:

Nro de Orden:

Libro: S-200

Juzgado de origen: Juzg Civ y Com N° 6

Expte: SI-117051

Juicio: PERALTA SEGUNDO MARTINIANO Y OTRA C/GOMEZ DANIEL ALEJANDRO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.POR USO AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)(SIN RESP.EST.)

 

 

 

En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Octubre de 2018, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y ROBERTO ANGEL BAGATTIN, con la presencia de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-117051 , en los autos: PERALTA SEGUNDO MARTINIANO Y OTRA C/GOMEZ DANIEL ALEJANDRO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.POR USO AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)(SIN RESP.EST.).-

La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.-

PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia única obrante a fs.414/422, en cuanto es materia de apelación y agravios?

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Roberto Ángel Bagattin y Emilio Armando Ibarlucía.

Luego de sucesivos trámites, del llamamiento de “autos para sentencia”, tras el sorteo, quedó este expediente en condiciones de ser votado.

VOTACIÓN:

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Sr. Juez Dr. Roberto Ángel BAGATTIN dijo:

I.- En la sentencia dictada en autos se RESOLVIÓ: Hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por SEGUNDO MARTINIANO PERALTA y JESICA LUCIA PERALTA contra DANIEL ALEJANDRO GOMEZ, ARIEL FLORES, CRISTIAN FLORES y CARLOS ARTAZA, y en consecuencia, condenar a los demandados -solidaria e independientemente del grado de responsabilidad adjudicado a los partícipes del hecho- a abonarle a la parte actora la suma de $ 1.325.800.- (un millón trescientos veinticinco mil ochocientos), con más los intereses calculados de la forma establecida en el considerando cuarto, dentro de los 10 días de quedar firme la liquidación que al efecto se deberá practicar, bajo apercibimiento de ejecución, con costas a los codemandados vencidos. Extender los efectos de la condena a las citadas en garantía “Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada” y “Paraná S.A. de Seguros” en los términos y condiciones del contrato de seguro vinculante.

La parte actora interpuso recurso de apelación a fs.423, concedido libremente a fs.426, expresó agravios a el 25 de junio de 2018 (ver fs.450), los que fueron motivo de respuesta por parte de la citada en garantía “Paraná Seguros S.A. (Conf. fs.452)

La aseguradora citada en garantía “Paraná Seguros S.A.” interpuso recurso de apelación a fs 424, concedido libremente a fs.426, expresó agravios el 14 de junio de 2018 (ver fs.450), los que fueron contestados por la parte actora el 6 de julio de 2018.

La aseguradora citada en garantía “Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada” interpuso recurso de apelación a fs 425 , concedido libremente a fs.426, expresó agravios el 19 de junio de 2018 (ver fs.450), los que fueron contestados por “Paraná Seguros S.A.” el 26 de junio de 2018 (Conf. fs.452) y por la actora el 6 de julio de 2018.

II.- RESPONSABILIDAD

2.1. Síntesis de los fundamentos de la sentencia en el tema de la responsabilidad

El Sr. Juez de grado distribuyó la responsabilidad de ambos conductores intervinientes en el hecho dañoso en un 50% para cada uno -el codemandado Artaza por resultar embistente de un vehículo que ingresaba desde la derecha y el codemandado Gómez por entrar a una arteria de mayor jerarquía sin la debida diligencia -y teniendo en cuenta que ninguna de las partes había acreditado fehacientemente que la otra había quebrantado la señal lumínica prohibitiva del paso, y condenó a ambos solidariamente y las respectivas citadas en garantía.

2.2.- Agravios

La citada en garantía “Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada” solicita que se revoque la sentencia en cuanto le atribuye responsabilidad al codemandado Daniel Alejandro Gómez y en consecuencia se rechace la demanda con costas a la otra codemandada, esencialmente, por entender que ha quedado acreditado que el único y absoluto responsable de la ocurrencia del hecho resulta ser el codemandado Artaza, conductor del automóvil Volkswagen Gol dominio SSO-123, por las razones que en forma sintética paso a enumerar: a) porque ha quedado demostrado, que no se da ninguna de las excepciones que destruye la prioridad de paso del codemandado Daniel Alejandro Gómez; b) por encontrarse acabadamente demostrado que el automóvil conducido por Gómez fue embestido en su lateral delantero izquierdo con la parte frontal del rodado del codemandado Artaza; c) porque no está probado que el codemandado Gómez hubiera infringido alguna norma de tránsito y porque el mismo resultó ser agente pasivo de la colisión. En suma, solicita la eximición total de la responsabilidad por interpretar que no existe ninguna circunstancia que se la permita atribuir al codemandado Gómez en el hecho ilícito motivo de esta litis.

La aseguradora citada en garantía “Paraná Seguros S.A.”, al contestar los agravios de la aseguradora “Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada”, solicita que se confirme la sentencia en relación al tema de la responsabilidad, sustancialmente, por considerar adecuada y justa la distribución de la misma en iguales proporciones a cada parte.

Considero necesario formular las consideraciones que enumero a continuación, antes de ingresar al tratamiento de los agravios de los apelantes, enunciados precedentemente:

En primer término, atento los términos de los agravios, el “thema decidendum” es determinar si es correcta o no la decisión del Sr. Juez de origen de distribuir la responsabilidad de ambos conductores intervinientes en el hecho dañoso en un 50% para cada uno.

En segundo término, que daré respuesta, a aquellas quejas que considero relevantes para decidir el caso y sin respetar el orden en que fueron expuestas, ateniéndome a la doctrina de la Excelentísima Suprema Corte de Justicia provincial (arg. art. 273 del CPCC; CSJN, Fallos: 258: 304; 262:222; 265:301; 272:225; SCJBA en causa: Ac.72.771, sentencia dictada el 17 de noviembre de 1998 en autos: “Aráoz, Graciela c/Prefectura Naval Argentina s/daños y perjuicios” entre muchas otras; esta Sala en las causas: Expte. n°114.158, sentencia dictada el 14 de febrero de 2013; Expte. n° 114.534, sentencia dictada el 3 de octubre de 2013; Expte. n° 114.652, sentencia dictada el 6 de febrero de 2014 entre otros).

2.3.- Hecho.

Las partes no controvierten la existencia del hecho materia de esta litis, es decir, que el día 24 de septiembre de 2009 a las 16,30 horas aproximadamente, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de la Ruta 5 con la calle Manuel Gómez de la localidad de General Rodríguez, entre un automóvil VW Gol GL, 3 puertas, dominio SSO-123, conducido por el Sr. Carlos Artaza, y un automóvil VW Gol 1,9, uso de remises, 5 puertas, dominio CXV-308, guiado por Daniel Alejandro Gómez, quien se encontraba trabajando para la agencia “Dena” y en el que era trasladada la Sra. Teresa Lidia Torres (esposa y madre de los reclamantes), fallecida el día 28 de septiembre de 2009, como consecuencia de las lesiones padecidas a causa del accidente de tránsito (doct. arts. 260, 261, 266 “in fine” del CPCC).

2.4.- Encuadre jurídico.

Las partes tampoco han cuestionado que el presente caso corresponde juzgarlo mediante la aplicación de lo establecido por el art. 1113, 2° párrafo, 2° frase del Código Civil (ley 340), norma sobre la cual se elaboró la “teoría del riesgo creado” por lo dispuesto en el art. 7 del Código Civil y Comercial (ley 26.994) por tratarse de las consecuencias de un hecho pasado, que por ende queda sujeto a la ley anterior (doct. arts. 260, 261, 266 “in fine” del CPCC).

La citada “teoría del riesgo creado” regula la atribución de la responsabilidad civil del dueño o guardián de las cosas riesgosas por el hecho de las cosas cuando éstas intervienen activamente en la producción del daño y constituye el principio rector de ese tema y a la postre crea una presunción de “causalidad” en orden a la producción del accidente de tránsito, ya que da nacimiento a la responsabilidad de éstos, con total independencia del elemento subjetivo de la culpa, y para exonerarse parcial o totalmente de ella, deben acreditar que la víctima o un tercero por el cual no deban responder, ha interrumpido total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño. Es decir, el demandado tiene la carga de probar, en forma fehaciente y acabada, que la víctima o un tercero por el cual no debía responder, interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el resultado dañoso. En cambio, la parte actora, en este caso, por no haber la parte demandada interpuesto reconvención, en su condición de víctima, sólo tiene que demostrar que la cosa riesgosa intervino en el accidente, circunstancia que no aparece discutida. En el supuesto de responsabilidad de las cosas riesgosas al dueño y/o guardián de la misma no le basta con probar que de su parte no hubo culpa (doct. art. 1113, 2° párrafo, 2° frase del Código Civil; art. 375 del C.P.C.C.; Excma. SCJBA en las causas: Ac. 33.155, sentencia dictada el 8 de abril de 1986 en autos: “Sacaba de Larosa, Beatriz E. c/Vilches, Eduardo Roque y otros s/daños y perjuicios”, publicado en A. y S. 1986-I-254; Ac. 32.896 sentencia del 23 de septiembre 1986 en autos: “Castiglioni, Jorge O. c/ Ferrety, Juan F. s/daños y perjuicios”, publicado en A. y S. 1986-III-263; entre muchas otras).

2.5.- Análisis de las constancias de las actuaciones:

De las pruebas producidas en estas actuaciones resulta lo siguiente:

De la pericia mecánica realizada por el perito ingeniero mecánico Oscar Larrondo resulta que: a) el contacto entre los automóviles se produjo en el carril hacia Luján de la Ruta 5 y la calle lateral Manuel Gómez; b) el automóvil VW Gol Bordó que transitaba por la Ruta 5 en sentido a Luján impactó con su frente en el lateral delantero izquierdo del VW Gol remise en circunstancia que intentaba tomar la Ruta 5 proveniente desde la derecha por la calle Manuela Gómez -el impacto estaba localizado por delante de la rueda delantera-; c) al automóvil VW Gol 3 puertas bordo le corresponde el carácter de embistente por la mecánica del accidente de tránsito; d) no es posible determinar la velocidad de circulación del automóvil VW Gol 3 puertas bordó por no haber evidencias o huellas de frenada en el lugar del hecho y e) el tránsito donde se produjo el hecho estaba regulado por la existencia de un semáforo (Conf. dictamen de fs.342/346 y explicaciones de fs.; doct. arts. 384, 474 del CPCC).

Es relevante señalar en este caso que en el sentido que circulaba el automóvil VW Gol 5 puertas remise por la calle Manuela Gómez en dirección al Este, la intersección no posibilitaba ningún cruce porque Manuela Gómez no continúa más allá de la Ruta 5. Ello surge del croquis de la causa penal y de la ilustración que hace el perito mecánico a fs. 344

Es decir, el codemandado Gómez no tenía otra alternativa que girar, no podía cruzar.

Lo señalado es relevante porque la prioridad de paso se otorga para cruzar una arteria, lo cual en este caso no era posible. Si bien, la prioridad de paso es absoluta, se pierde, entre otras circunstancias, cuando se vaya a girar para ingresar a otra vía.

Así, dice textualmente el art. 41 de la ley 24.449: “ARTICULO 41.- PRIORIDADES: Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante:…g) Cualquier circunstancia cuando:…3. Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía…”

Tal normativa deja sin sustento alguno los agravios expresados por la aseguradora citada en garantía “Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada”.

Por lo expuesto, propongo confirmar la sentencia en relación al tema de la responsabilidad

III.- INDEMNIZACIONES

A continuación, paso a tratar los agravios relativos a los rubros indemnizatorios, a tenor de las siguientes consideraciones:

3.1.- VALOR VIDA

3.1.1.- Sentencia

El Sr. Juez de grado acogió el rubro “valor vida”, esencialmente, por considerar que en este rubro la valoración económica de la vida humana está dada por lo que produce o puede producir y en relación con la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios del todo o parte de los bienes económicos que el extinto producía lo que se debe tener en cuenta es la edad de la víctima y las expectativas probables de vida y su proyección hacia el futuro, teniendo en cuenta su edad a la fecha del hecho (62 años), su situación de ama de casa con pensión graciable por invalidez, y fijó la cuantía de la indemnización en la suma de pesos setecientos mil ($700.000) para ambos actores, sin hacer distingo entre estos.

3.1.2.- Agravios

Los actores solicitan que se modifique la sentencia en el sentido de elevar el monto otorgado para resarcir el valor vida por considerar que el fijado resulta reducido con relación al requerido en la demanda, el que fue mensurado a la época de iniciarse el proceso (junio de 2010).

La aseguradora citada en garantía “Paraná Seguros S.A.” solicita que se revoque la sentencia en el sentido de rechazar el rubro, esencialmente, por considerar que no existe prueba alguna que acredite la existencia de daño patrimonial de los actores. Respecto del actor Segundo Martiniano Peralta porque expresó delante de la perito psicóloga que vivía con su hija y que era empleado en un Colegio de General Rodríguez y a su vez, porque la hija le refirió a dicha profesional que sus padres se encontraban separados.

En relación a la actora Jesica Lucía Peralta porque era mayor de edad a la fecha del fallecimiento de la causante, tenía 24 años y trabajaba como ayudante de veterinaria.

En subsidio, para el caso de no admitirse el rechazo del rubro, pide que se modifique la sentencia en el sentido de reducir la condena resarcitoria a un monto razonable, teniendo en cuenta la edad de la víctima, sus ingresos como pensionada por invalidez y su situación de separación de hecho con el reclamante.

La aseguradora citada en garantía “Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada” solicita que se modifique la sentencia en el sentido de reducir el monto indemnizatorio fijado para el rubro en tratamiento por considerar que resulta excesivo a la luz de las probanzas de autos, especialmente por la edad de la víctima, que era ama de casa con pensión por invalidez.

3.1.3.- Reclamos

Los actores Segundo Martiniano Peralta y Jesica Lucía Peralta, de la víctima Teresa Lida Torres, reclamaron la suma de $90.000.-, para ambos, en concepto de “valor vida” por el fallecimiento de Teresa Lidia Torres como consecuencia del accidente de tránsito motivo de este juicio, en calidad de esposo e hija respectivamente.

3.1.4.- Considero necesario, antes de ingresar al tratamiento de los agravios, formular las siguientes aclaraciones:

Respecto del llamado “valor vida” debe tenerse presente que, como ha dicho la casación provincial reiteradamente, no existe como tal dado que ni la mujer ni el hombre se venden en el comercio (S.C.B.A., Ac. 35.428 del 14/05/91, Ac. 41.216 del 21/05/91, Ac. 50.522 del 26/10/93; esta Cámara, Sala1, causas n° 108.706/07 del 14/10/04; 107.175 del 22/03/05; 108.968 del 23/05/06; 110. 119 del 12/10/06, 110.363 del 12/09/06, 108.629 del 16/09/06, 112.243 del 11/11/08, entre otras; ver Mosset Iturraspe, “El valor de la vida humana”, Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 1986, 2da. ed. actualizada, ps. 137 y ss.; Trigo Represas – López, Mesa, “Tratado de la responsabilidad civil”, T. IV, La Ley, Bs. As., 2004, p. 734 y ss.).

Por ello, en esta sentencia se hablará de “pérdida de asistencia económica” cuando el reclamante es el hijo, el cónyuge, el conviviente o un hijo menor de edad, y de “pérdida de chance de ayuda económica” si se trata del reclamo de los padres por la muerte de un hijo. Los parámetros del Código Civil y Comercial (art. 1745) se tendrán en cuenta dado que ya eran aplicados por la jurisprudencia con anterioridad a la entrada en vigencia del mismo (voto en primer término del Dr. Emilio A. Ibarlucía en Expte n° 116.733, sentencia dictada el 3 de abril de 2018 en los autos: “Monchovi, Fernanda M. y otro c/sucesores de Ibarguren, Federico P. y otros s/daños y perjuicios” y su acumulado; Expte. n° 116.782, sentencia dictada el 12 de junio de 2018 en autos: “Parodi, Matías y otro c/Rivara, Diego y otros s/daños y perjuicios y los expedientes acumulados).

Ello implica que si se trata del supuesto de “pérdida de asistencia económica”se tiene en cuenta: a) la edad del reclamante; b)vínculo con el fallecido; c) edad del fallecido; d) ingresos económicos del fallecido; d) si existían otras personas que eran asistidas económicamente por el fallecido y por ende qué porcentaje de sus ingresos probablemente destinaba la víctima para asistir al reclamante (esta Sala, causa n° 112.243 del 11/11/08; 112.798 del 16/02/10).

Si se trata del caso de “pérdida de chance de ayuda económica”, se valora: a) la edad del reclamante; b) vínculo con el fallecido; c) edad del fallecido; d) actividad laboral e ingresos del reclamante; e) actividad laboral e ingresos del fallecido; f) si el fallecido tenía a su cargo la asistencia de otras personas (v.g.: esposa, conviviente, hijos), y por ende qué porcentaje de sus ingresos probablemente destinaría para ayudar al reclamante (voto en primer término del Dr. Emilio A. Ibarlucía en Expte n° 116.733, sentencia dictada el 3 de abril de 2018 en los autos: “Monchovi, Fernanda M. y otro c/sucesores de Ibarguren, Federico P. y otros s/daños y perjuicios” y su acumulado).

El aporte de tales elementos de juicio es carga de la prueba de la parte actora (art. 375 del CPCC). Para el caso de que los ingresos económicos no hayan sido probados de manera alguna se tiene en cuenta el salario mínimo vital.

Si bien el Código Civil y Comercial no estaba vigente a la fecha del hecho y por ende no es aplicable (art. 7 del CCC), nada obsta a tener en cuenta los parámetros indicados por el art. 1745, dado que, como ha dicho esta Sala, eran utilizados por la jurisprudencia con anterioridad a la sanción de dicho código. (causas n° 115.701 del 31/03/16 y 114.998 del 8/11/16)

Este Tribunal ha dicho reiteradamente que el monto estimado en la demanda no implica un límite para el juzgado cuando se ha pedido “o lo que en más o en menos resulta de la prueba (esta Sala, en causa n° 116.077 del 17/04/17, entre muchas). En el escrito de demanda se hizo tal salvedad. Por otro lado, también se ha dicho que, en acatamiento del principio de reparación integral (art. 1083 del Código Civil, art. 1740 del Código Civil y Comercial), los valores deben estar más próximos a la sentencia conforme a las facultades conferidas al juzgador por el art. 165 del CPCC (esta Sala, causas n° 112.476 del 10/12/09, 98.515 del 26/03/09; S.C.B.A., C 120.192 del 709/16).

PERDIDA DE CHANCE DE AYUDA ECONOMICA

La pretensión de Jesica Lucía Peralta debe ser encuadrada dentro la “pérdida de chance de ayuda económica” porque se trata del reclamo de una hija mayor de edad por la muerte de su madre en el hecho ilícito motivo de estas actuaciones. El art. 1745 del C.C.C. no contempla que en estos casos proceda el reclamo de pérdida de ayuda económica. Con la vigencia del código anterior, esta Sala excepcionalmente lo ha admitido en casos en que se ha demostrado que el fallecido asistía económicamente al hijo mayor y que existía una chance de que fuera así en el futuro (causa n° 116.782, sent. del 16 de junio de 2018).

En el caso de autos, ello no se ha acreditarlo y no hay razones para presumirlo. En efecto, Jesica Lucía Peralta tenía al momento del deceso de su madre 24 años y 10 meses de edad (ver fs. 17vta.). Antes de la sanción del C.C.C., los padres no tenían obligación legal de asistir al hijo en sus estudios luego de la mayoría de edad; y, si, forzadamente, se aplicara el criterio del nuevo código (art. 663), a la actora le faltaban sólo 2 meses para cumplir 25 años, lo cual es un lapso demasiado breve para ser considerado. Por otro lado, en autos no se ha producido prueba de que la actora estudiara; sólo se ha hecho una vaga referencia en el Beneficio de Litigar sin Gastos sin (fs. 55/56) (art. 384 C.P.C.).

Por otro lado, está acreditado que la madre fallecida, de 62 años de edad, percibía una pensión de por invalidez que, al mes de diciembre de 2013, hubiera ascendido a $ 350 mensuales (conf. fs. 278), suma que, evidentemente, sólo podía destinar para sus necesidades personales, sin que le quedara resto alguno para asistir a su hija ni poder hacerlo en el futuro.

Por ello, propongo que se revoque la sentencia en este aspecto, y se rechace el resarcimiento por este rubro (arts. 265, 1068, 1069, 1083, 1084, 1085, 1109 del Código Civil y arts. 658 y 663 del Código Civil y Comercial; arts. 384, 394, 456 y cctes. C.P.C.).

PERDIDA DE ASISTENCIA ECONOMICA

El reclamo del actor Segundo Martiniano Peralta debe ser encuadrado como “pérdida de asistencia económica” por referirse al fallecimiento de su esposa Teresa Lidia Torres como consecuencia del accidente de tránsito motivo de este juicio.

Si bien en el caso del cónyuge la ley presume la asistencia económica (doct. arts. 1084 y 1085 C.C. y art. 1745 C.C.C.), en el caso de autos, por los motivos dados en el apartado precedente, en el caso de autos – la edad de la víctima, su edad, sus graves problemas de salud y la magra pensión por invalidez que percibía ($ 350 en 2013), es imposible pensar que una parte de estos ingresos fuera destinada al cónyuge, que además era 12 años menor (conf. fs. 17) y trabajaba.

Cabe señalar que nada tiene que ver este rubro indemnizatorio con el daño moral (o consecuencias no patrimoniales como lo llama el art. 1741 del C.C.C., que se evaluará por separado.

Por todo ello, propongo propongo que se revoque la sentencia en este aspecto, y se rechace el resarcimiento por este rubro (arts. 265, 1068, 1069, 1083, 1084, 1085, 1109 del Código Civil y arts. 658 y 663 del Código Civil y Comercial; arts. 384, 394, 456 y cctes. C.P.C.).

3.2.- DAÑO MORAL

3.2.1.- Reclamos

Los actores reclamaron la suma de $ 200.000,00 para ambos, en concepto de “daño moral”, por el perjuicio extrapatrimonial sufrido a consecuencia del fallecimiento de su esposa y madre respectivamente.

3.2.2.- Sentencia

El Sr. Juez de grado acogió el rubro “daño moral” reclamado por el esposo y la hija de la víctima y cuantificó la indemnización en la suma de pesos seiscientos mil ($600.000) para ambos.

3.2.3.- Agravios

Los actores solicitan que se modifique la sentencia en el sentido de elevar en forma considerable el monto otorgado para ambos en concepto de “daño moral”, para que pueda ser realmente compensatorio de las aflicciones y sufrimientos padecidos.

La aseguradora citada en garantía “Paraná Seguros S.A.” solicita que se revoque la sentencia en cuanto otorga una indemnización por daño moral a favor del presunto cónyuge de la víctima por la falta de comunidad de vida y sentimientos (presunción sobre la dice que se funda el rubro a favor del cónyuge supérstite), en virtud de la separación de hecho que existía entre ellos. También se agravia por el monto fijado como resarcimiento por daño moral para la hija de la víctima por considerarlo excesivo y superar los límites de razonabilidad

3.2.4.- Respuesta a los agravios

En cuanto al daño moral, se presume si se trata de la muerte de hijos, padres, cónyuge, abuelos o nietos (art. 1078 C.C.). También en el caso del conviviente siempre que se pruebe debidamente ese vínculo (S.C.B.A. en C 100.285, “Ruboni c/Kelley s/daños y perjuicios”).

Debe tenerse en cuenta que de ninguna manera el daño moral es un porcentaje del daño material, postura que hace tiempo ha sido superada por la doctrina y la jurisprudencia, ya que el sufrimiento, el padecimiento y las aflicciones son totalmente independientes del daño material (Mosset Iturraspe, “Diez reglas para la cuantificación del daño moral”; La Ley, 1994-A-728).

El agravio de la citada en garantía “Paraná Seguros” basado en que el sr. Peralta estaba separado de su esposo no puede ser tenido en cuenta dado que no fue sometido a consideración del juez de grado (art. 272 C.P.C.), y, además, del informe de la perito psicóloga surge que la coactora Lucila le dijo que sus padres “se habrían” separado cuando tenía 24 años (fs. 388vta.). Es decir, no dice, con certeza, que le dijo que estaban separados. Por otro lado se trata de la misma edad que tenía la joven al momento de producirse el accidente, lo cual torna muy confuso dicho relato en el dictamen. Asimismo, nada surge en relación a tal separación en el informe de la perito acerca de la entrevista con el cónyuge (fs. 361/363). Tomar en cuenta, entonces, dicha constancia del informe pericial sería sorpresivamente vulnerador del derecho de defensa de Peralta en estos autos.

Cabe señalar que los actores en la demanda pidieron una suma única para ambos, sin distinguir proporciones. Así fue acogido por el sentenciante, sin agravio de los actores, por lo que he de seguir el mismo criterio en la suma que he de proponer (art. 272 C.P.C).

Conforme a los términos de los agravios de los apelantes y a las características del hecho dañoso, los días en estado de coma en que estuvo la víctima, lo que surge de los informes periciales psicológicos (fs. 361/63, 370/71 y 388/90), la magnitud del daño sufrido por los accionantes, quedarse sin cónyuge en un caso y sin madre en el otro, el padecimiento que es fácil presumir que perdura y perdurará durante toda su vida, y los montos reconocidos por este Tribunal en casos similares, considero que la suma establecida por la “a quo” es insuficiente para reparar el daño moral sufrido por los accionantes, por lo que propongo que, teniendo en cuenta valores actuales, se eleve a $ 1.000.000 (arts. 1069, 1078 del Código Civil, arts. 165 “in fine”, 260, 261, 266 “in fine” del CPCC).

IV.- INTERESES

El Sr. Juez de grado mandó aplicar sobre el monto de la condena intereses desde la fecha del hecho -24 de septiembre de 2009- a la tasa más elevada que paga el Banco de la Provincia en las operaciones de depósito a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación.

Ambas citadas solicitan que se modifique la sentencia en relación a la tasa de interés que manda aplicar en el sentido que se imponga la la tasa de interés puro del 6% anual desde la fecha del hecho hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda y de allí en adelante la establecida en la sentencia, de acuerdo a la doctrina sentada por la Excma S.C.J.B.A. la causa C 121.134, según sentencia dictada el 3 de mayo de 2018 en los autos “Nidera S.A. c/Pcia. de Bs.As.”

Conforme a lo decidido por esta Sala en la causa n° 1162.912, “Torre c. Maldonado s. Daños y perjuicios” (sent. del 3/07/18), siguiendo lo resuelto por la S.C.B.A. en la causa “Nidera” arriba citada y en C 120.536 de igual, siendo el monto propuesto a valores actualizados, corresponde acceder a lo pedido. En consecuencia, propongo que se modifique la sentencia en el sentido que desde la fecha del hecho hasta la fecha de la presente sentencia sobre la suma de condena se computen intereses al 6 por ciento anual, y de ahí a la tasa fijada en el pronunciamiento apelado.

En cuanto al agravio referido a que los intereses por el gasto de tratamiento psicológico deben ser desde la fecha del informe pericial dado que se estimaron por la experta en ese momento, no puede ser acogido en virtud de que pierde virtualidad de acuerdo a lo decidido en el párrafo precedente.

V.- COSTAS DE ALZADA

De acuerdo a la propuesta que formulo en los considerandos precedentes, de ser compartida, la citada en garantía “Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada” fracasa en su recurso de apelación en relación al tema de la responsabilidad y el daño moral. En cambio, logra revocar la sentencia en cuanto al “valor vida” y la tasa de interés, al igual que “Paraná Seguros S.A.” que también fracasa en relación al daño moral. La parte actora consigue elevar el monto fijado por daño moral.

Por ello, propongo que las costas de Alzada se impongan de la siguiente forma: a) respecto de la apelación de “Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada”, en un setenta por ciento a dicha parte, y en un treinta por ciento a la actora; b) respecto de la apelación de “Paraná Seguros S.A.” en un cincuenta por ciento a cada parte (arts. 68 y 71 C.P.C.)

Con el preciso alcance que se desprende de lo expresado en los considerados precedentes, a esta primera cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN: El Sr. Juez Dr. Emilio Armando Ibarlucía, aduciendo análogas razones, dio su voto también por la AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Sr. Juez Dr. Roberto Angel BAGATTIN dijo:

En mérito al resultado de la votación que antecede, el pronunciamiento que corresponde dictar es:

1°.- Revocar la sentencia de fs. 414/422 en cuanto acoge el rubro indemnizatorio “valor vida”, y en consecuencia rechazar el mismo.

2º.- Modificar la sentencia, en el sentido de elevar el monto indemnizatorio para ambos actores a la suma de $ 1.000.000 en igual proporción para cada uno de ellos, y establecer que sobre el monto total de condena desde la fecha del hecho hasta la fecha de la presente se aplicará una tasa de interés del 6 por ciento anual, y desde ese momento hasta el efectivo la tasa fijada en la sentencia de primera instancia.

3°.- Confirmar lo demás que la sentencia decide.

4.- Imponer las costas de alzada en la forma establecida en el Considerando V.

ASÍ LO VOTO.-

A LA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN: El Sr. Juez Dr. Emilio Armando Ibarlucía, aduciendo análogas razones, dio su voto también en el mismo sentido.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA:

Y VISTOS:

Considerando que en el acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales ha quedado establecido que la sentencia de a fs.316/327 debe ser REVOCADA por no ajustarse a derecho.

POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede SE RESUELVE:

1°.- Revocar la sentencia de fs. 414/422 en cuanto acoge el rubro indemnizatorio “valor vida”, y en consecuencia rechazar el mismo.

2º.- Modificar la sentencia, en el sentido de elevar el monto indemnizatorio para ambos actores a la suma de $ 1.000.000 en igual proporción para cada uno de ellos, y establecer que sobre el monto total de condena desde la fecha del hecho hasta la fecha de la presente se aplicará una tasa de interés del 6 por ciento anual, y desde ese momento hasta el efectivo la tasa fijada en la sentencia de primera instancia.

3°.- Confirmar lo demás que la sentencia decide.

4.- Imponer las costas de alzada en la forma establecida en el Considerando V.

 

REGÍSTRESE.- NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

 


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