Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial N° 6
Fecha fallo origen: 24 de agosto de 2015
Fecha del hecho: 18 de octubre de 2009
Órgano de Alzada: Cámara Civil y Comercial Sala II
Número de expediente de Cámara:29474
Fecha fallo de Cámara: 27 de abril de 2016

Abstract:

– En la medida en que todos los hechos constitutivos, modificativos y extintivos de la relación jurídica que subyace en autos, ocurrieron y se consumaron con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la nueva normativa, se impone, a la luz de lo dispuesto por el actual art. 7 de dicho plexo Civil y Comercial, resolver el caso de autos en base a lo normado por el Código de Vélez.-

– Sabido es que la regla diamantina de la prioridad de paso está dada por la que dispone la de “derecha antes que izquierda”, que la ley califica de absoluta y rige tanto en zona urbana como rural. Pero la prioridad de paso que confiere el circular por una ruta nacional no puede ser menos absoluta que la que establece la regla “derecha antes que izquierda” dado que funge como una de las circunstancias que la preteren.-

– Ciertamente, el recurrente se agravió -correctamente a mi entender-argumentando que el A Quo no aplicó la regla de la prioridad de paso del que circula por una ruta nacional (fs. 220). Pero no obstante ello, ninguno de los conductores con su accionar logró evitar la colisión. En suma, por todo lo que he desarrollado en los precedentes acápites X a XXIV, queda evidenciado que ambos protagonistas del accidente han contribuido a la cocausación del mismo, toda vez que estimo que la parte demandada ha logrado acreditar la cocausación del siniestro por parte de la víctima. (arts. 901, 906, 1113 y concs. C.C. y 384 CPC).


Sexo: F
Edad: 0
Ocupación:
Porcentaje de resp. de la víctima: 50%

Porcentaje de incapacidad física: 0%
Porcentaje de incapacidad psíquica: 0%

Tipo de Intereses: Tasa del BPBA en operaciones de depósito a 30 días, a través del sistema BIP, vigente en los distintos periodos de aplicación desde la fecha del hecho y hasta los diez días de quedar firme la liquidación que al efecto se practique; de ahí en adelante y hasta el efectivo pago la tasa activa para las “restantes operaciones en pesos” que suministra la página de la SCBA.
Indemnización Monto
Valor vida $ 0
Incapacidad física $ 0
Incapacidad psíquica $ 0
Incapacidad psicofísica $ 0
Daño moral $ 0
Daño estético $ 0
Daños materiales $ 9.500
Tratamiento psicológico $ 0
Lucro cesante $ 0
Privación de uso $ 0
Pérdida de la chance $ 0
Gastos de asistencia $ 0
Gastos de traslado $ 0
Gastos funerarios $ 0
Gastos $ 0
Texto completo del Fallo:

Libro S- 75

Nº Orden:

Expte. Nº 29.474

Juicio: ARAYA CLAUDIA LILIANAC/ SANTILLAN ANDRES OSVALDO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)

Juzgado: Primera Instancia CyC N° 6

 

 

En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los …… días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes de la Provincia de Buenos Aires, doctores TOMAS MARTIN ETCHEGARAY Y LUIS TOMÁS MARCHIO con la presencia del Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. nº 29.474, en los autos: “ARAYA CLAUDIA LILIANAC/ SANTILLAN ANDRES OSVALDO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO) ”.-

La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones de acuerdo con los artículos 168 de la Constitución y 266 del Código Procesal.-

PRIMERA CUESTION: ¿Se ajusta a derecho la sentencia de fs. 195/199vta. en cuanto es materia de recurso y agravio?

SEGUNDA CUESTION: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: doctores Luis Tomas Marchió y Tomás Martín Etchegaray.-

VOTACION:

A LA PRIMERA CUESTION: El Señor Juez Dr. Luis Tomas Marchió dijo:

I.- El Sr. Juez de la instancia de origen dictó sentencia haciendo lugar parcialmente a la pretensión incoada por la Sra. Claudia Araya contra la Sra. Claudia Imas y el Sr. Andrés Santillán; condenando a estos últimos, al pago de capital más intereses; con costas a la accionada vencida. Asimismo, hizo extensiva la condena a la citada en garantía. Disconforme la parte demandada, interpuso recurso de apelación a fs. 200, resultando concedido libremente a fs. 201. Arribados los autos a esta Alzada, la accionada sostiene su recurso con la expresión de agravios que luce agregada a fs. 220; siendo ésta replicada por la actora a fs. 222/223. Una vez firme el llamamiento de autos para sentencia dictado por Presidencia del Tribunal a fs. 224, y recién después de practicado el sorteo de ley por parte de esta Sala a fs. 224vta., quedaron estas actuaciones en condiciones de ser votadas.-

II.- Explicación preliminar. Dado que la protesta que efectúa la codemandada citada en garantía en su expresión de agravios se circunscribe a las cuestiones de la responsabilidad y al rubro “daño material”, abordaré a continuación, en el orden citado, las dos parcelas de la sentencia protestadas por la apelante, no sin antes expedirme respecto de la aplicación del derogado Código Civil.-

III.- Consideraciones relativas a la aplicación del Código Civil de Vélez. Previo a toda otra consideración, es dable puntualizar que el día 1º de agosto de 2015 entró en vigencia el “Código Civil y Comercial de la Nación”, aprobado por art. 1º de la ley 26.994, ley que a su vez derogó el Código Civil aprobado por ley 340 (art. 4º), ley promulgada por decreto 1795/2014 publicado en el Boletín Oficial nº 32.985 del 08-10-2014; modificada por ley 27.077 que dispuso su entrada en vigencia en la indicada fecha del 1º de agosto de 2015. Lo que origina una cuestión de derecho transitorio que entiendo corresponde despejar, o al menos tratar de explicar. Según se desprende del texto del CCC, las nuevas leyes rigen desde la fecha que indiquen (art. 5 CCC; en el caso del CCC, el 01-08-15), lo que significa que su aplicación es inmediata para todas las relaciones y situaciones jurídicas existentes, aun a sus consecuencias (art. 7 CCC, primer párrafo; lamentablemente, el nuevo texto suprimió la locución “aun” que sí estaba en el del art. 3 del CC conf. ley 17711, con la que se indicaba con toda claridad que la aplicación era inmediata tanto para las relaciones, situaciones, como para las consecuencias, ya que decía “aun a las consecuencias”). Pero -sigue diciendo la ley- salvo disposición en contrario no tienen efecto retroactivo (CCC 7, segundo párrafo), lo que debe entenderse como que las relaciones y situaciones jurídicas existentes, así como sus consecuencias, que se encuentren consolidadas, esto es, completadas ya sea en su creación, cumplimiento o extinción, no son alcanzadas en ninguna de esas etapas por las disposiciones de la nueva ley: a su respecto rige la ley vigente al momento en que se crearon, desarrollaron o extinguieron. Así las cosas, en la medida en que todos los hechos constitutivos, modificativos y extintivos de la relación jurídica que subyace en autos, ocurrieron y se consumaron con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la nueva normativa, se impone, a la luz de lo dispuesto por el actual art. 7 de dicho plexo Civil y Comercial, resolver el caso de autos en base a lo normado por el Código de Vélez.-

IV.- En este sentido, en lo que respecta a la noción de consumo jurídico de los hechos y consecuencias, la Excma. SCBA en Ac. 66.682, “Mayo, Carlos David contra Farquimia SACEL. Incumplimiento de contrato” del 17-11-99 dejo sentado que: “…el hecho que origina la presente acción se consumó en el año 1992. El art. 3º del Código Civil establece que las leyes se aplicarán a partir de su entrada en vigencia aún a las consecuencias de las relaciones y  situaciones jurídicas existentes, es decir que consagra la aplicación inmediata de la ley nueva, que rige para los hechos que están in fieri o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción. Lo que no puede juzgarse de acuerdo con ella son las consecuencias ya consumadas de los hechos pasados que quedan sujetas a la ley anterior pues juega la noción de consumo jurídico. Ello es aplicable a este caso, pues el perjuicio se produjo antes de la entrada en vigencia de la ley (Ac. 51.335, sent. del 3V95, D.J.B.A., 14949, J.A., 1995IV387, “El Derecho”, 166621, “Acuerdos y  Sentencias”, 1995II194, L.L.B.A., 1996471; Ac. 55.182, sent. del 13VI95, “Acuerdos y  Sentencias”, 1995II507; Ac. 51.853, sent. del 6II96, D.J.B.A., 150159; Ac. 50.610, sent. del 25II97; Ac. 52.157, sent. del 12V98, L.L.B.A., 19981075; Ac. 63.678, sent. del 27IV99). (sic. lo remarcado me pertenece).-

V.- En suma, adoptar otro temperamento importaría violentar abiertamente el principio de irretroactividad consagrado en el citado art. 7. Por ello, dejo explicitado que a los fines de resolver todo lo relativo a la extensión del daño resarcible, en el caso de autos (ello en tanto el daño no es una consecuencia sino un elemento constitutivo del régimen la responsabilidad: Kemelmajer de Carlucci “La aplicación del Código Civil…”; Revista Derecho Privado y Comunitario; Ed. Rubinzal Culzoni; Santa Fe; 2015; P. 11, pág. 28), aplicaré las disposiciones del Código de Vélez vigente al momento de la producción del evento dañoso.-

VI.- LA RESPONSABILIDAD. El sentenciante de la instancia de origen, para atribuir el 100% de responsabilidad a la parte demandada –luego de subsumir el caso en lo normado por el art. 1113 segundo párrafo segunda parte del C.C., habiendo apreciado las pruebas esenciales y decisivas para el fallo de la causa, sostuvo que el accidente se produjo en la forma relatada por la actora en la demanda, deviniendo acreditada la total responsabilidad del Sr. Santillán -conductor del camión embistente-, toda vez que dicho chofer, apartándose de la caravana de vehículos con los cuales circulaba, invadió el carril contrario acometiendo -como corolario- al automóvil propiedad de la accionante, tal como surge del croquis anejado a fs. 178, el cual forma parte integrante de lo dictaminado a fs. 179vta. por el perito ingeniero mecánico en su informe –el cual no fue observado por las partes-, así como también, lo declarado por el Sr. Santillan al absolver posiciones –fs. 118/119vta.-. Ello concordante con lo afirmado por el Sr. Vocaturo –chofer del rodado de la actora- en la declaración testimonial que luce agregada a fs. 133/134; probanza ésta, no enervada por ninguno de los coaccionados. Adunado todo ello, con la desidia probatoria demostrada por los coaccionados para intentar desvirtuar la presunción “iuris tantum” que les pesa como consecuencia del encuadre legal señalado.-

VII.- Se queja la citada en garantía, por el acogimiento de la demanda incoada. Plantea que el rodado de la parte actora –tal como se manifestó al contestar el líbelo de inicio- resulta ser el embistente, toda vez que aquel accede desde una calle lateral a una ruta nacional, pasando entre dos automotores, lo que queda reflejado conforme la ubicación de los daños en el mismo. Por otra parte, dice que no fue acreditado fehacientemente en autos la afirmación del chofer de la accionante –hecho que fue negado expresamente por los codemandados- en el sentido de que el camión circulaba a contramano, toda vez que la referenciada declaración, carece de objetividad, por tratarse de la propia conducta del conductor que era dependiente de la actora al momento del hecho. Sintetiza afirmando, que la maniobra del Sr. Vocaturo, admitida en líbelo de inicio, supuso la creación de riesgo objetivo, solicitando en consecuencia, que se rechazase la demanda.-

VIII.- En su réplica sobre este tópico, la actora expresó, que en razón de que fue acreditado fehacientemente por los dichos de un testigo, que el rodado embistente circulaba a contramano, el automotor de titularidad de la actora, no creó ningún riesgo objetivo; siendo todo ello, elemento suficiente para confirmar la sentencia.-

IX.- La solución que dejo propuesta. Comienzo por señalar que comparto la subsunción legal del caso en lo normado por el art. 1113 segundo párrafo segunda parte del Código Civil. Conceptualmente entonces, el punto de partida no debe ser otro que el de la plena atribución de responsabilidad de la parte accionada, para recién a partir de allí, pesquisar en qué medida la prueba colectada desvirtúa –total o parcialmente- tal primigenia atribución de responsabilidad. Naturalmente que, para que opere en toda su señalada dimensión el encuadre legal descripto, sólo es necesario que el actor acredite: a) el riesgo generado por la cosa; b) la participación de la misma en el hecho dañoso; c) la nuda existencia del daño; y d) el carácter de dueño o guardián del demandado.-

X.- Comenzando entonces por dicha “pesquisa” adelanto que, de la compulsa de la totalidad de las pruebas a las que a continuación me referiré, discrepo con lo decidido por el judicante de la instancia de origen en cuanto a la exclusiva y excluyente responsabilidad atribuida a la parte demandada. Esto así, porque encuentro que la actora con su accionar ha contribuido a la cocausación del accidente y se erigió así en coautora del mismo. A posteriori determinaré en qué porcentaje resulta serlo.- 

XI.- A fin de solventar lo expresado en el párrafo precedente, un detenido análisis del caso me permite arribar a la conclusión que el recurso debe prosperar parcialmente proponiendo la modificación de la sentencia en este aspecto, en virtud de que encuentro que no es jurídicamente correcto responsabilizar en un 100% a los demandados por el daño sufrido por la actora en su automóvil. Veo que las distintas posiciones asumidas en el pleito por las partes revelan un desacuerdo más jurídico que fáctico. En efecto, no discrepan los contendientes en que el hecho ocurrió a plena luz del día, en condiciones climáticas normales (iluminación natural, no lluvia, no neblina, no viento), con pavimento seco, etc. En su faz geográfica tampoco hay disenso. Se trata, el lugar de ocurrencia de la colisión, del cruce de una simple calle de tierra por la que circulaba el rodado de la actora, con la ruta nacional nº 5 por la que transitaba el camión del demandado. Es decir que las partes concuerdan en que el rodado de la demandada lo hacía por una ruta nacional que goza de preferencia de paso en la encrucijada reconocida por ley.-

XII.- El A Quo subsumió correctamente el hecho en la norma del art. 1113 del entonces vigente CC, que establece responsabilidad objetiva de quien participa, mediante el uso de una cosa potencialmente riesgosa -en el caso conduciendo un camión cisterna-, en la causación material de un daño, el sufrido en el Renault 9 de la parte actora. Es decir, la teoría del riesgo creado. Que en situación tal, se parte -en el análisis jurídico del caso- del 100% de responsabilidad del conductor del camión, ya que esa norma crea una presunción relativa de causalidad adecuada, y consecuente de responsabilidad. Que solo se eximirá total o parcialmente de esa responsabilidad objetiva a quien en tal escenario se halle, en la medida que demuestre que la víctima (o un tercero por quien no deba responder, o exista “caso fortuito”) con su conducta (“culpa” decía con alguna impropiedad el texto legal) interrumpió el nexo causal entre el riesgo y el daño. Con indiferencia sobre si de su parte (del autor o partícipe en la generación del daño) hubo o no culpa.-

XIII.- ¿De qué modo instrumentó la parte demandada la construcción del argumento defensivo del aporte causal -pretendidamente exclusivo- del accionante? Pues esgrimiendo su (del demandado) absoluto derecho de prioridad de paso. No para acreditar su (del demandado) falta de culpa (circunstancia irrelevante según dije), sino para demostrar que fue el actor (en el caso, quien conducía el rodado de propiedad del actor), quien con o por su conducta imprevisible al no respetarla, se constituyó en el factor adecuado de la producción del evento. En efecto, en la contestación de la demanda dijo (fs. 38, capítulo III) con meridiana claridad que de los propios dichos y documentación acompañada por la actora surge que el evento se produjo por culpa del conductor del Renault…(porque)…intentó cruzar una arteria de alta circulación vehicular como es la Ruta nº 5 sin comprobar que tuviera el paso expedito…de sus propios dichos surge que los daños en el Renault se produjeron en su frente. Es decir…embistió…(además) admite que “salió de entre autos que se hallaban detenidos” es decir, el actor es quien salió intempestivamente de entre los rodados y obstaculizó el tránsito. Estos dichos del responde a la demanda se compadecen con el relato que del hecho hizo el actor en su escrito liminar a fs. 27vta., ya que dijo que su Renault 9 conducido por el Sr. Vocaturo venía circulando por la calle Insausti…(y)…los automóviles detenidos a la espera del semáforo ubicado en la intersección de la calle Lorenzo Casey y Ruta nº 5 le ceden el paso y al intentar cruzar la mencionada ruta fue embestido por el camión que transitaba a contramano y alta velocidad.-

XIV.- De esa común (entre partes) reconstrucción del hecho se colige que fue el automóvil del actor el que intentó cruzar la Ruta Nacional nº 5 circulando por una calle de muchísima menor envergadura o importancia, ya que se trata de una vía común y sin pavimentar. La prioridad de paso de que en tales circunstancias gozaba el rodado de la parte demandada es indiscutible. Detengámonos un instante en éste tema. La cuestión de la prioridad para cruzar (vehículos entre sí, o entre vehículos y peatones) es un punto neurálgico en cualquier ordenamiento del tránsito. El artículo 57 de la entonces vigente ley provincial 11.430 en su primer párrafo establece el orden de prelación de las disposiciones sobre derecho de paso prioritario en las bocacalles o encrucijadas: todos los conductores o peatones deben acatar en primer lugar (1) las indicaciones del agente de tránsito; en segundo lugar, deben acatar (2) las indicaciones que expresan los aparatos lumínicos (semáforos) o las señales fijas (carteles de “pare”, o de “velocidad máxima”, etc.). Y a falta de ellas, en tercer lugar, deben acatar (3) las reglas de los 6 incisos de esa norma.-

XV.- Dije que las partes no discutieron que la ruta nacional nº 5 tiene, en ese cruce, absoluta preeminencia circulatoria por sobre la calle Insausti. Ello es así objetivamente. Las rutas nacionales son principales por sobre toda otra traza vial. Y es entonces esa regla la que surge del art. 57 inc. 2 apartado “c” de la ley 11.430. Que no lo dice directamente, sino cuando reguló las excepciones a la regla básica del derecho de paso preferente en las encrucijadas: la prioridad la tiene quien circula a la derecha del otro. Pero uno de los casos en que tal regla es preterida lo conforma el de la declinación de la preferencia en favor de la vía de mayor importancia relativa (o mayor “jerarquía” según el texto legal): la ruta nacional por sobre la calle de tierra que la intersecta. Sabido es que la regla diamantina de la prioridad de paso está dada por la que dispone la de “derecha antes que izquierda”, que la ley califica de absoluta y rige tanto en zona urbana como rural. Pero la prioridad de paso que confiere el circular por una ruta nacional no puede ser menos absoluta que la que establece la regla “derecha antes que izquierda” dado que funge como una de las circunstancias que la preteren.-

XVI.- La ley vigente a la fecha del hecho, cuando quiso reducir los alcances de la prioridad y restarle su absolutismo, lo expresó sin ambages: el art. 54 de la ley 11.430, después de establecer que en las vías reguladas por semáforos el conductor debe avanzar con luz verde a su frente, a renglón seguido restringe el derecho que dimana de esa directiva (si debo avanzar, consecuentemente también tengo derecho a hacerlo) al determinar en el inciso 4 que ese mismo conductor “…debe permitirle finalizar el cruce iniciado por otro vehículo o peatón y no comenzar el propio (se entiende que se refiere a iniciar el cruce) aun con luz verde habilitante…” A contrario sensu, no tienen esa obligación de respetar el paso de los que iniciaron el cruce y detener el propio, quienes no se encuentran en la situación de estar regidos por la señal del semáforo. O dicho de otro modo: en un cruce señalizado con semáforo, quien tiene la luz verde a su frente no tiene derecho a emprender el cruce antes de que terminen de hacerlo quienes aún lo estaban transitando (se entiende que legítimamente habilitados).-

XVII.- Otra circunstancia que revela lo absoluto del derecho de paso prioritario de que goza quien transita por una ruta nacional es la de la obligación del conductor de hacerlo respetando la velocidad mínima. Que en caminos y autopistas es de 50 Km/hora (art. 78 ley 11.430). Respetar una velocidad mínima implica la obligación de no detener la marcha en una ruta, y menos aún en una encrucijada. En efecto, detenerse sobre la calzada o en un cruce es maniobra expresamente prohibida (art. 59 inc. 8º, ley 11.430).-

XVIII.- Las reglas de tránsito no son normas jurídicas completas ni están para resolver directamente sobre ellas los temas de la responsabilidad aquiliana. Pero sus directivas marcan pautas de conducta que no pueden ser soslayadas para hacerlo. En tal sentido es de reparar que tiene dicho nuestro cimero tribunal con harta reiteración que las reglas de tránsito no son textos simplemente didácticos. Tampoco todas esas reglas de tránsito tienen la misma importancia para el tema que nos ocupa. Muchas hoy en día tratan de cuestiones ambientales, edilicias, ornamentales, o de identificación ya de conductores o de rodados. Las más son de prevención de accidentes, o reglas de prudencia. Pero las que se refieren al derecho de prioridad de paso no fijan simples pautas de cordialidad urbana, sino que hacen esencialmente al tema de la responsabilidad en las colisiones, y su vulneración es considerada expresamente como “atentado a la seguridad de las personas” (art. 113 ley 11.430). De ahí la importancia de estas reglas.-

XIX.- Y la prioridad de paso que confiere el transitar por una ruta nacional hace que quien así se encuentra deba confiar en que será respetada a rajatabla por los demás conductores. Más aun con el aditamento que por ley tiene la obligación de mantener permanentemente una velocidad mínima relativamente importante (50Km/h), y que le está prohibido detenerse sobre la calzada. Es en virtud de tales condicionamientos que a la prioridad de paso de la ruta nacional no le cabe la cortapisa del derecho de paso que confiere la regla “derecha antes que izquierda” en los cruces urbanos, en la medida que de ellos se predica que no constituye un bill de indemnidad que le permite a quien goza de él, arrasar con lo que encuentre a su paso. El tránsito en las rutas nacionales está así privilegiado, para proteger a quien por ellas recorre largas distancias en tiempos razonables. Si tuviera que disminuir su velocidad casi hasta detenerse en cada cruce, llegar en camión desde Buenos Aires a Tucumán demandaría hoy el mismo tiempo que en el bicentenario 1816. No hago un panegírico de la velocidad, sino trato de ceñirme al sentido común.-

XX.- El plexo normativo descripto en los párrafos que preceden origina el siguiente iter: se parte del 100% de responsabilidad del demandado por los daños causados al actor. Pero la evidencia que acredita la violación de la enunciada prioridad de paso de la ruta sobre la calle lateral por parte del conductor del auto de la actora -en la especie- modifica parcialmente la situación. Es ahora el actor quien debe probar que el demandado no ejerció regularmente su derecho de paso prioritario. Para lo cual, con evidente sentido preventivo, ya en la demanda lo acusó de transitar a velocidad prohibida por exceso, y a contramano.- 

XXI.- Respecto de la velocidad, resultó ser la parte actora la que incurrió en insuficiencia probatoria, ya que tanto la pericia mecánica como la declaración del testigo Vocaturo resultaron ineficaces a ese efecto. Al perito siquiera se le propuso como punto el tema de la mecánica del hecho o de la velocidad del camión. Y el testigo Vocaturo (único) resultó ser la persona que conducía el automóvil de la actora en el evento, lo que enerva la idoneidad de su deposición por estar evidentemente interesado en la solución del entuerto a favor de una de las partes (CPC 456).-

XXII.- El circular a “contramano” del camión, si bien se puede colegir de los propios dichos del Sr. Santillán al absolver posiciones a fs. 119 (conf. respuesta 3°: “Sí me salí de la fila y doblé en ruta 5 y Ferrari.- Y cuando voy a entrar ahí lo choco, pero yo doblo bien por mi mano”), así como también del inobservado croquis del perito mecánico (fs. 178), no por ello significa que lo hiciera en total contravención: no hay prueba alguna en autos que indique que, en el caso, el sobrepasar la línea de marcha de vehículos que se encuentran detenidos transitando por la otra mano, hubiera estado prohibido (vg. por señalización vertical –cartelería- u horizontal -doble línea amarilla-). Por todo lo cual entiendo que el actor no logró acreditar acabadamente -como ya dije estaba a su cargo- que el demandado hubiera ejercido antifuncionalmente -por exceso de velocidad y circulando a contramano- su derecho de paso prioritario.-

XXIII.- En este escenario solo queda en pie -acreditado- que el Sr. Vocaturo intentó cruzar la Ruta Nacional Nº 5 circulando por una calle lateral de tierra y haciéndolo por entremedio de otros rodados que se encontraban detenidos sobre esa ruta, lo que constituye una imprudencia al hacerlo sin precaverse de que no estuviera otro vehículo circulando por la mano que se encontraba despejada -hacia su izquierda- en una hipotética maniobra de “sobrepaso”, circunstancia fáctica ésta que finalmente aconteció. No es, empero, esa “culpa” del actor lo que sella parcialmente adversa la suerte de su reclamo, sino el que con su conducta intervino concausalmente en la producción del evento, al co-generar el elemento necesario para que ocurriera: la sorpresa que causó en el otro conductor al ver frustrada su confianza en el correcto comportamiento del otro (esto es, que se omitiera todo intento de cruce).-

XXIV.- Desde este atalaya, el Sr. Juez de anterior instancia en su sentencia, desentendiéndose de la normativa que he expuesto, resolvió el tema de la responsabilidad sosteniendo que “…el accidente se produjo de la forma relatada en la demanda por lo que corresponde tener por acreditada la total responsabilidad del conductor del camión quien al apartarse de la fila por la que circulara invadiendo el carril contrario embistiera al automóvil…” (sic: fs. 196vta.).-

XXV.- Ciertamente, el recurrente se agravió -correctamente a mi entender-argumentando que el A Quo no aplicó la regla de la prioridad de paso del que circula por una ruta nacional (fs. 220). Pero no obstante ello, ninguno de los conductores con su accionar logró evitar la colisión. En suma, por todo lo que he desarrollado en los precedentes acápites X a XXIV, queda evidenciado que ambos protagonistas del accidente han contribuido a la cocausación del mismo, toda vez que estimo que la parte demandada ha logrado acreditar la cocausación del siniestro por parte de la víctima. (arts. 901, 906, 1113 y concs. C.C. y 384 CPC). Por ello, no encontrando mérito para distribuir la responsabilidad en graduación desigual, propongo revocar esta parcela de la sentencia, adjudicando la responsabilidad en la proporción del 50% para cada una de las partes de esta litis, debiendo la recurrente demandada, resarcir el 50% de los daños sufridos por la actora, los que seguidamente trataré y cuantificaré.-

XXVI.- RUBROS INDEMNIZATORIOS. Despejada así la cuestión de la concausalidad de la responsabilidad en un 50% en cabeza de cada una de las partes contendientes en esta litis, corresponde entonces que me avoque al tratamiento del rubro indemnizatorio de “daño material” planteado por los codemandados en los agravios, como así también en la pertinente réplica por parte de la actora. Aclaro -además-, que abordaré la parcela, sobre la base de una responsabilidad exclusiva del 100%, ya que así se aprecia su real magnitud. La misma deberá adecuarse, con respecto a la única cantidad resultante, al 50% en cabeza de la parte demandada.-

XXVII.- Daños materiales. Pérdida de valorLa actora pretendió ser indemnizada en esta parcela con la suma de $15.000.- o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse. El judicante anterior conceptualizó jurídicamente el “daño material” objeto de estos autos, como uno de los rubros indemnizatorios enderezados a la reparación integral que prevé el art. 1083 del C.C.; entendió –asimismo- que debe fijarse su cuantificación en base a parámetros lo más cercanos a la fecha de la sentencia; siendo el último presupuesto ineludible para la procedencia del daño, que el mismo sea efectivamente probado. En este marco, el A Quo hizo lugar al monto consignado por las reparaciones que asciende a $9.500.-, el cual surge de la pericia mecánica formulada por el Ing. Chico anejada a fs. 179; informe técnico que no fue observado, y que daba cuenta de que el rodado podía ser reparado y quedar en buenas condiciones. Empero, el experto dictaminó con base en las fotografías y demás constancias del proceso sin la menor alusión de haber inspeccionado al vehículo; carencia ésta que obsta a la procedencia del reclamo por desvalorización del automotor, toda vez que el tópico en análisis, “…requiere ineludiblemente el examen de visu por parte del perito actuante…” (sic. sentencia; fs. 197vta.; P. 1, c, 2do. párrafo).-

XXVIII.- Corresponde así en primer lugar tratar el agravio dirigido contra la procedencia del rubro. A este respecto, la parte demandada en una expresión de agravios que -en esta parcela- bordea la insuficiencia, solicitó que se modifique la sentencia rechazándose el rubro con costas, ya que del propio fallo surge que el perito no habría podido inspeccionar el rodado y que en su dictamen de fs. 179/179vta., hizo la pericia en base a las fotografías adosadas a la demanda. Consideró que la actora no acreditó la existencia del daño o el nexo de causalidad entre los mismos y el hecho.-

XXIX.- En los extremos pertinentes de su réplica, la actora manifestó que el hecho de que el experto no haya inspeccionado el vehículo, no significa la carencia del derecho a una reparación integral, colocando al damnificado en una situación igual o similar a la que se encontraba antes del hecho lesivo. Expresó, que la finalidad de la reparación del daño material es resarcitoria, basado ello en el principio de justicia conforme al cual nadie puede perjudicar a otro sin causa que lo justifique. Que se cumplieron en el caso los requisitos para que el daño sea indemnizable –presencia de un interés legítimo o derecho subjetivo violentado, personalidad y certeza del daño-, y comprobados por el perito Ing. Chico; informe no objetado por los coaccionados recurrentes. Por último, ratificó que las reparaciones que figuran en los presupuestos presentados, guardan relación de causalidad con las partes afectadas en el rodado. Todo ello, demuestra –a tenor de la accionante- que la desestimación de este rubro por el Juez de primer grado no debe prosperar.-

XXX.- Previamente me parece oportuno, traer a colación consideraciones expuestas en antecedentes de esta Sala, ya que mediante las mismas se perfilan jurídicamente determinadas partidas indemnizatorias requeridas. En efecto, en lo que atañe a la desvalorización de rodado o pérdida de valor venal tengo dicho en Expte. Nº 23.885 del 16-3-06, que este rubro comprende los daños derivados de la efectiva reparación del automotor que no ha logrado la reposición de las cosas a su estado anterior. Es decir que aparecen vestigios, secuelas o huellas en el automotor de los desperfectos luego de la reparación, ya sea porque los daños producidos en el mismo han afectado partes estructurales o cuando en el automóvil, luego de reparado, se llegan a determinar fundadamente que quedan vestigios que disminuyen el valor del vehículo en el mercado del usado. Asimismo este rubro no escapa a la regla de que todo daño debe ser probado; por ende la generalizada idea de que el vehículo chocado pierde parte de su valor de reventa en el mercado de los usados, se encuentra supeditada a la acreditación de la existencia de secuelas o huellas de los desperfectos luego de la reparación, a través de los correspondientes elementos convictitos. En definitiva, la depreciación del valor venal del vehículo es una cuestión de hecho que corresponde a las circunstancias particulares de cada caso, siempre que exista menoscabo en su valor de reventa (doc. arts. 901, 904, 905, 906, 1067, 1068, 1096 del C.C. arts. 375 del CPC). Lo dicho en tal antecedente en cuanto a la afectación del vehículo, es directamente aplicable en autos en cuanto a la afectación del rodado Renault 9 propiedad de la actora.-

XXXI.- En síntesis, en lo que respecta a la procedencia del presente rubro, en concordancia con los asertos vertidos por el Ing. Chico en la pericia mecánica (fs. 179), de donde se extrae que “…El valor total para la reparación del automóvil Renault 9, es decir considerando materiales y mano de obra es de $9.500.- para la fecha del siniestro…El choque afectó parte de la carrocería y partes mecánicas que son importantes, pero todas se pueden reparar y quedar en buenas condiciones…”; no tengo motivos para apartarme de dicho dictamen, por lo que propongo confirmar la sentencia del Sr. Juez de Primera instancia en este rubro. (doct. arts. 1.068 y concs. del C.C. y 474 y concs. del CPC).-

XXXII.- Costas de Alzada. De ser compartido mi voto, el recurso de la parte demandada progresará parcialmente en el delimitado aspecto de la responsabilidad; no haciendo lo propio, el tópico que atañe al rubro indemnizatorio. En condiciones tales, propongo que las costas de Alzada se distribuyan por su orden (art. 68 CPC). Con la única salvedad indicada precedentemente al abordar el tema de la responsabilidad, voto por la AFIRMATIVA.-

A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el Señor. Juez Dr. Tomás Martín Etchegaray, con la misma salvedad, por iguales razones y fundamentos que los emitidos por el Señor Juez preopinante dio su voto también por la AFIRMATIVA.-

A LA SEGUNDA CUESTION, El Señor Juez Dr. Luis Tomas Marchió dijo:

En mérito al resultado de la votación que antecede, el pronunciamiento que corresponde dictar es:

1º.- Modificar la sentencia de fs. 195/199vta. en cuanto atribuyó el 100% de responsabilidad a la parte demandada y en su lugar establecer que ambas partes contribuyeron concausalmente en idéntica proporción en la producción del accidente. En consecuencia, se deja establecido que la parte demandada se encuentra obligada al pago del 50% de la suma indemnizatoria concedida.-

2º.- Confirmar la sentencia en todo cuanto demás decide y fue materia de recurso y agravios.-

3º.- Distribuir las costas de Alzada por su orden.-

ASI LO VOTO.-

A LA MISMA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Tomas Martín Etchegaray, por iguales razones y fundamentos que los emitidos por el Señor Juez preopinante dio su voto en el mismo sentido.-

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:

SENTENCIA:

Mercedes, de Abril de 2016.-

Y VISTOS:

SE RESUELVE:

1º.- Modificar la sentencia de fs. 195/199vta. en cuanto atribuyó el 100% de responsabilidad a la parte demandada y en su lugar establecer que ambas partes contribuyeron concausalmente en idéntica proporción en la producción del accidente. En consecuencia, se deja establecido que la parte demandada se encuentra obligada al pago del 50% de la suma indemnizatoria concedida.-

2º.- Confirmar la sentencia en todo cuanto demás decide y fue materia de recurso y agravios.-

3º.- Distribuir las costas de Alzada por su orden.-

4º.- REGISTRESE, NOTIFIQUESE. Fecho, DEVUELVASE.-


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